Hasta cinco de años internamiento en régimen cerrado y tres años de libertad vigilada es la máxima pena que podría cumplir el joven que ha confesado el asesinato de sus padres y de su hermano en Elche, en el caso de que un juzgado de Menores le condenara. Un crimen que ha conmocionado a la provincia y que ha vuelto a levantar viejas controversias sobre la Ley del Menor. Si una persona con 18 años hubiera cometido estos mismos crímenes, la pena a imponer sería la prisión permanente revisable. En el caso de los menores, a los 21 años estaría en libertad y totalmente libre de antecedentes penales, en aras a facilitar su reinserción social.
Este domingo se cumplirá una semana desde que un juzgado ordenara el internamiento del joven de 15 años que confesó haber matado con una escopeta a sus padres y a su hermano de 10 años de edad. Según relató éste a los propios investigadores, el martes 8 de febrero disparó primero a su madre mientras estaba sentada en un sofá tras una discusión por las notas. A continuación, mató al pequeño de diez años que acudió al salón alertado por las detonaciones. Y finalmente, esperó hasta cuatro horas a que su padre regresara del trabajo para recibirle a disparos. A continuación arrastró los cuerpos a un cobertizo y se quedó en la casa jugando a un videojuego durante tres días, hasta que otros familiares se presentaron para ver qué pasaba. Se le imputan un total de tres asesinatos. Desde el pasado domingo, permanece internado en un centro de menores de Valencia, mientras que continúa la instrucción judicial del triple crimen.
El triple parricida de Elche no es el primer menor que se sienta en el banquillo por haber matado a sus padres. En 1994, Cyril Jaquet fue condenado a tan solo dos años de internamiento por haber matado a sus padres en Benijófar. Tenía 15 años de edad y se le aplicó la anterior Ley del Menor. José Rabadán, conocido como el asesino de la catana, fue condenado a seis años de internamiento y otros dos de libertad vigilada por haber matado a sus padres y a su hermana en Murcia el 1 de abril de 2000. Unas penas similares son las que tendría que afrontar el menor ahora detenido en Elche, en caso de ser condenado. En pocos días cumplirá los 16 años de edad. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la edad máxima para estar internado son los 21 años, por lo que serían cinco el tiempo que estaría en el centro.
La Ley del Menor en España no busca tanto el castigo del autor de un delito, como su reeducación y su reinserción social. Este mismo texto legislativo prevé también que una vez cumplidos los 18 años el condenado pueda pasar lo que le reste de la condena en un centro penitenciario, aunque las fuentes consultadas por este diario descartaron que fuera a darse en este caso. Una vez cumplida esta pena, tendría que pasar hasta un máximo de tres años en libertad vigilada, un tiempo en el que el infractor está sometido a una supervisión especial para que adquiera las habilidades necesarias para su integración social.
Instrucción
Según las previsiones que se manejan en la Fiscalía de Menores, la investigación no se demoraría mucho. Fuentes del Palacio de Justicia de Benalúa, donde se encuentran los juzgados de Menores, indicaron que el caso podría estar juzgado y sentenciado en tres meses. En estos momentos, la investigación está a la espera de la analítica de todos los vestigios que recogieron en la escena del crimen.
La confesión del principal sospechoso y la cantidad de detalles que aportó sobre cómo se sucedieron los hechos podría hacer hasta innecesario el trasladarse a Elche para participar en una reconstrucción de los asesinatos, una prueba que suele ser habitual en este tipo de investigaciones. No se prevé que salga del centro hasta que llegue el momento del traslado a los juzgados para el juicio. A no ser que el menor o su letrada pidieran una nueva declaración.
Herencia
Las fuentes consultadas por este diario señalaron que, según el Código Civil, el menor no podría heredar la casa, ni los bienes de sus padres asesinados. Las personas que hubieran sido condenadas en juicio por haber atentado contra la vida de sus padres no tendrían derecho ni siquiera a la legítima. Aunque las fuentes judiciales señaladas por este diario señalaron que para que esto se lleve a efecto, sería necesario que alguien lo ejercitara a través del juzgado.
