La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón sienta en el banquillo los próximos días 8, 11 y 13 de abril a siete integrantes de una mafia china por delitos de tráfico y cultivo de drogas, pertenencia a organización criminal, detención ilegal y trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los procesados se enfrentan a penas que oscilan entre los tres años y medio y los 27 y medio.
La Policía Nacional desarrolló en junio del 2019 una operación que tuvo repercusión nacional y que acabó con la detención de los procesados tras toda una serie de registros simultáneos en naves industriales de Castellón y Valencia, donde ocultaban los cultivos indoor. En total, como hizo público entonces la comisaría provincial, se incautaron de casi 10.000 plantas de marihuana y hubo 14 detenidos (diez de nacionalidad china y cuatro de origen vietnamita), de los cuales algunos se encuentran ahora en paradero desconocido.
Los siete acusados, supuestamente, instalaban en las naves focos, filtros, balastros, lámparas, ventiladores y aparatos de aire acondicionado, cuyo funcionamiento se mantenía mediante una conexión no autorizada a la red eléctrica. El fraude de la energía llegó a ser solo en una de las naves de casi 250.000 euros.
El modus operandi
Según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, los principales acusados «siguiendo un plan preconcebido, ordenado por súbditos asiáticos que no han podido ser identificados, integraron un núcleo asentado en Valencia con la finalidad de operar en Castelló y l’Alcora, así como en Museros, Ontinyent y Puçol». Así, según la investigación, los procesados acondicionaron naves industriales alquiladas para cultivar marihuana a gran escala. Los mismos, presuntamente, dirigieron el acondicionamiento de las naves y designaron a las personas que debían quedarse en cada una de ellas al cuidado de las plantaciones. Y alquilaron una nave situada en la avenida Hermanos Bou de la capital, otra en la calle José Forcada Polo y una tercera en la carretera Castellón de l’Alcora.
En total, los agentes aprehendieron en todas las infraestructuras 830 kilos de marihuana, además de una gran cantidad de aparatología para su cultivo y crecimiento. Los investigadores liberaron a seis personas que estaban siendo víctimas de trata de personas (en la modalidad de explotación laboral), a quienes la organización obligaba a permanecer encerradas en las naves, vigilando los cultivos y cuidando de ellos.
271.000 € de indemnización
Además de la pena privativa de libertad, en el apartado de la responsabilidad civil, los procesados deberán indemnizar a las víctimas en cantidades que suman 271.000 euros, según consta en el escrito de acusación.
