Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad castellonense de Almassora a un joven de 23 años como presunto autor de numerosos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación del estado civil. El arrestado llegó a robar la identidad de unas 50 personas y se apropió de 60.000 euros a través, entre otros métodos, de solicitudes fraudulentas de crédito o líneas telefónicas.
Junto a él han sido detenidas otras dos personas que colaboraban en la receptación de los productos obtenidos ilegalmente.
A pesar de su juventud, el cabecilla de la trama desarrollaba una intensa actividad delictiva, con distintos modus operandi. El detenido utilizaba sofisticados medios técnicos y se rodeaba de una importante cobertura, lo que dificultó enormemente su identificación por parte de los agentes.
Además, demostró una asombrosa capacidad para asumir e interpretar diferentes roles y perfiles, generando una red de más de 50 identidades usurpadas, víctimas de estos hechos.
El detenido poseía una gran cantidad de datos personales de ciudadanos que no tenían conocimiento de los hechos y los utilizaba para cometer estafas, utilizándolos para abrir cuentas bancarias, dar de alta líneas telefónicas, crear direcciones de correo electrónico corporativo y realizar compras financiadas de productos tecnológicos de última generación (móviles de alta gama). Todo ello lo hacía a nombre de esos ciudadanos de identidad usurpada, dejando a estas personas como deudores y/o autores de los delitos cometidos por el detenido.
Simulaba ser comercial
Entre sus modalidades delictivas destaca la de actuar como agente comercial. Para ello, usurpaba la identidad de terceros y ofrecía a las compañías energéticas supuestos contratos de alta de empresas, lo que le reportaba relevantes comisiones y causaba importantes perjuicios económicos a la empresa supuestamente contratada.
El detenido actuaba desde su domicilio y cometía fraudes en distintas provincias de España. Esta diversificación geográfica, así como la utilización de multitud de identidades y documentos falsos, dificultó su identificación.
Las investigaciones se iniciaron hace un año, a raíz de una denuncia interpuesta por el representante legal de una conocida mercantil tras haber detectado anomalías. En Vila-real se registró una denuncia por usurpación del estado civil, con la que se abrieron dos cuentas bancarias. Con ellas se financiaban teléfonos.
