El Juzgado de lo Penal número 2 de Castelló celebró ayer el juicio por el ataque mortal de una jauría de perros a un vecino de la Vall d’Uixó, de 70 años, en enero del 2018. El responsable de los perros, Gregorio B.S., se sentó en el banquillo de los acusados para hacer frente a una pena de cuatro años de prisión por un presunto delito de homicidio por imprudencia muy grave. Como informara en su momento este diario, la víctima, que trabajaba en una parcela de su propiedad en el entorno del camino de Miramar, murió tres días después de la brutal agresión. Aunque fue estabilizado, trasladado en ambulancia al Hospital de la Plana e ingresado en la UCI, no pudo superar las gravísimas lesiones causadas por los agresivos animales. El fallecido tenía más de 100 mordeduras.
El juicio se prolongó ayer durante casi cinco horas y en él declaró una larga lista de testigos. Entre ellos, lo hicieron cuatro vecinos de la Vall que también fueron agredidos por varios perros en una zona próxima a la del ataque mortal y que, según la investigación policial, habrían sido víctimas de los mismos animales. «Yo salí a pasear por la montaña y, pasado el puente de la Lobera, salieron cuatro perros y me empezaron a morder. Me metí como pude en un matorral y la policía me socorrió. La puerta de la finca estaba abierta», dijo uno de los heridos antes de la muerte del agricultor. Otra mujer contó, al borde del llanto, que a ella y a su marido los perros los «acorralaron». A ella, le mordieron una pierna y el hombre acabó descalzo y sin sus gafas.
A los testigos se les mostraron imágenes de canes para que dijeran si entre ellos estaban los autores de los ataques y, aunque varios de los afectados dijeron reconocer a alguno de los perros, otros afirmaron que transcurridos cuatro años no podían recordarlo.
En la vista declararon hasta 12 guardias civiles y policías locales que intervinieron en este caso. Uno de ellos contó que, cuando llegaron al lugar, la víctima estaba dentro de un quemadero, «bastante malherido». El entonces comandante del puesto afirmó que dirigió la investigación hacia la Lobera «porque había indicios de que los perros podían provenir de allí», y es que todos los ataques registrados se habían producido a dos kilómetros a la redonda del refugio ilegal. Un integrante del laboratorio de criminalística recordó que los animales «podían salir» y otro investigador ratificó que el recinto no tenía seguridad.
El fiscal fue contundente en su informe y reprobó la falta de medidas de seguridad de la finca. La acusación particular pidió la pena máxima e indemnizaciones que suman casi 150.000 euros para los hijos de la víctima; mientras la defensa abogó por la pena mínima al considerar que la intención del acusado era buena y que los perros «hubieran sido más peligrosos deambulando por la calle».
