"Este no ha sido un juicio de jurado normal, sino tan excepcional, que en mis largos años de carrera, y llevo muchísimos, nunca, nunca, he visto, ni propio, ni de mis compañeros, un jurado tan complejo como este. Con más de 30 delitos, todos ellos muy graves y algunos de ellos muy complejos. No se me desmoralicen por la extensión del objeto del veredicto". Son palabras de la magistrada presidenta al tribunal de jurado que ha enjuiciado a Jorge Ignacio P. J. desde el pasado 13 de junio bajo la acusación de haber asesinado a tres mujeres –Arliene Ramos, Lady Marcela Vargas y Marta Calvo– y de haberlo intentado con otras siete introduciéndoles, sin su consentimiento, cocaína de alta pureza en roca en sus genitales.

La jueza, en una alocución de más de una hora, pausada, bien explicada y en la que puso con claridad los puntos sobre las íes, dio las pautas a los nueve miembros del jurado, confinados desde este lunes en un hotel para poder deliberar, cómo responder a las 700 preguntas en 143 folios de que consta el objeto del veredicto, el más largo, extenso y complejo en la historia judicial española desde que se aprobó la Ley del Jurado en 1995.

La presidenta empezó y acabó su explicación haciendo hincapié en las dos normas de oro del Derecho: el acusado está amparado por la presunción de inocencia y, ante la duda, no se debe dictar su culpabilidad, y se juzgan los hechos y no a las personas –"olvídense de si la persona a la que se acusa es un santo varón o un monstruo de maldad", concluyó–. La misma sentencia que usó a continuación para advertirles que "mucho menos" se juzga a las víctimas. Tampoco, les señaló, el trabajo de la Policía o de los peritos. Y el aviso a navegantes implícito a la defensa y su teoría del complot: si no se advirtió de esas supuestas vulneraciones de los derechos del acusado "ni a lo largo de la instrucción, ni en sus escritos, ni formalmente en el juicio, no hay impugnación formal de ninguna prueba en este procedimiento".

Una vez asentadas esas máximas, fue muy clara a la hora de recordarles en qué deben basar su veredicto: "Pruebas, pruebas, pruebas". Pero también les dijo dónde buscar ese "rigor probatorio". Les habló de la prueba directa, a través de los informes periciales, de los documentos (wasaps, certificados, grabaciones,...) y de las testificales. Y ahí llegó el quiz de la cuestión. La magistrada les habló largo y tendido de la credibilidad y coherencia que convierten un relato en prueba de cargo. "La credibilidad de la víctima. La credibilidad del acusado", contrapuso. Y remarcó: "A ustedes les bastará con el sentido común. Tienen que mirar lo que miran cuando hablan con una persona y dicen ‘me está mintiendo, no me está mintiendo; me la creo, no me la creo’. Si se contradice, si muestra mucha memoria para unas cosas y totalmente olvidadizo para otras; si dan detalles que nada más se cuentan cuando lo has vivido. Esa es la credibilidad del testigo". Y recordó que los relatos no necesitan otra corroboración externa cuando «no hay ninguna otra persona [más que acusado y víctima], [los delitos] no dejan rastro y no se hacen en público].

A continuación, les habló de la prueba indirecta, la indiciaria, esto es, aquellos hechos que sin constituir prueba corroboran desde la cercanía temporal, geográfica o personal las pruebas directas, que "deben ser plurales y concurrentes" y que para apreciarlos solo han de aplicar "la lógica y el sentido común". Les instó a buscar "contradicciones, declaraciones y coincidencias".

Valorar la prueba en conjunto

Y, sobre todo, les aconsejó que tengan en cuenta "la totalidad de las pruebas vertidas a lo largo del juicio", ya que cada pericia vale no para una, sino para todas las víctimas. Es la visión de conjunto, porque «la valoración de la prueba se hace sobre el conjunto de la prueba que se ha vertido en el juicio».

La magistrada repasó los delitos por los que ha sido juzgado Jorge Ignacio P. J. y se centró especialmente en dos de ellos: el del tráfico de drogas y contra la integridad moral. Del primero, les recordó que no solo se produce por vender estupefacientes, sino también "con el favorecimiento del consumo, cuando se facilita el consumo o se le da a otro para que consuma." Y del segundo, que en este caso, recordó, los padres de Marta Calvo fundamentan en que "el acusado esconde deliberadamente el lugar y modo de ocultación del cadáver, queriendo perpetuar con ello el sufrimiento de la familia" les advirtió que "no se hace con hechos, sino con silencios, con ocultaciones, con declaraciones".

Sobre cómo dar respuesta a esas 700 preguntas, les indicó que no solo deben contestar con un sí o un no cada hecho planteado, sea favorable o desfavorable al reo, sino que deberán fundamentar lo que concluyan, "pero de manera sucinta y con su palabras". Para facilitarles la labor, la magistrada ha dividido las preguntas por víctimas, y para cada una de ellas, ha elaborado preguntas en subapartados con cada delito y sus circunstancias.

Así, ha utilizado dos colores: el negro, para la primera vez que se formula una pregunta y el azul, para las que son casi idénticas en los siguientes casos. La razón es simple, para que sepan que ya han razonado y deliberado esa cuestión antes y puedan detectar y subsanar posibles respuestas contradictorias. Por eso, les aconsejó que se tomasen "todo el tiempo que necesiten con la primera, porque una vez que tengan claro el mecanismo y el procedimiento verán como los siguientes casos son mucho más livianos y las deliberaciones sucesivas, mucho más rápidas".

La jueza concluyó, arrancando una sonrisa a los jurados, al considerar que han tenido «mucha suerte» al tocarles en suerte un caso tan complejo, ya que, dijo, "las cosas difíciles, ya que hay que hacerlas, que supongan un reto cuanto más alto, mejor" y al rogarles que "no me maldigan mucho cuando les entreguen" el objeto. Todo apunta a que habrá veredicto esta misma semana.

Encerrados en un hotel para deliberar aislados del mundo exterior

Sin límite de tiempo para deliberar y fundamentar una a una las 700 preguntas del objeto de veredicto. Los nueve miembros del jurado popular permanecen incomunicados desde ayer encerrados mientras duren sus deliberaciones, durante el día en una sala de la Ciudad de la Justicia y por la noche en un hotel donde tienen prohibidos móviles, televisores y cualquier contacto con el mundo exterior. Aunque la Ley de Jurado es clara al respecto e indica que la deliberación durará "el tiempo que fuese necesario", a las 48 horas si los jurados no han hecho entrega del acta de la votación la magistrada puede convocarlos por si tuvieran cualquier duda sobre el objeto del veredicto y procedería a la devolución del acta, aunque es poco probable que en este caso lo haga, ya que al ser tan extenso es obvio que requerirá un tiempo completarlo. En el hipotético caso de que se produjera una tercera devolución sin subsanar los defectos apreciados o sin que se hubiesen obtenido las necesarias mayorías, –siete votos si se trata de un hecho desfavorable para el acusado y cinco si es un hecho favorable– el jurado sería disuelto y se convocaría un nuevo juicio oral con un nuevo jurado. Durante las cinco semanas que ha durado el juicio los miembros del jurado han cobrado 67 euros diarios. Asimismo cuentan con 18,79 euros para gastos de comida y cena, y se les costeaba el desplazamiento 0,19 euros por kilómetro en el caso de los que acudían en coche y 0,078 euros si se desplazan en motocicleta.