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Caso Abierto - El Periódico Mediterráneo

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Investigacción

Una alerta desde Canarias previno a la Interpol sobre una estafa con vacunas

El director del Servicio Canario de Salud denunció ante la Guardia Civil y el Ministerio de Sanidad un millonario fraude con supuestos viales para la covid

Conrado Domínguez, director del SCS, tras su comparecencia en el Parlamento de Canarias. ANDRÉS GUTIÉRREZ TABERNE

"Necesito saber cómo las compró, si fue directamente a Pfizer". El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, recibió por Whatsapp en febrero de 2021 una oferta del comisionista Samuel Machín para la compra de tres millones de vacunas Pfizer contra la Covid-19 a través del empresario Emilio Santacatalina, CEO del Grupo Santa Catalina. La escasa información ofrecida por el vendedor y su actitud esquiva para facilitar datos imprescindibles en estos acuerdos como la procedencia de la mercancía o el lote al que pertenecían los viales y el hecho de que las farmacéuticas solo pudieran vender a los gobiernos, levantó enseguida las sospechas de Domínguez, quien acudió al Ministerio de Sanidad para verificar el ofrecimiento. Esta señal de alarma ayudó a frenar un supuesto delito de estafa a nivel europeo, en la que intervino la Guardia Civil y la Interpol.

El grupo antifraude de la Agencia Española del Medicamento agradeció la labor de Conrado Domínguez

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El aviso del director del SCS a las autoridades sanitarias se tramitó a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que inició la investigación de los hechos y puso el caso en manos de la Guardia Civil y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés). Según fuentes de la AEMPS, su departamento de Inspección y Control agradeció a Domínguez su colaboración y le solicitó expresamente que mantuviera el contacto y una actitud de interés en la oferta del vendedor, para intentar verificar el origen de la mercancía. Así, en contra de las informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación, el director del SCS alargó las conversaciones de negociación con Santacatalina y Machín, actuando como gancho para ayudar a destapar la posible estafa.

El primer contacto con Machín –nexo en común de esta trama con el conocido como caso Mascarillas– para la compra de las vacunas, se produjo el 10 de febrero de 2021. Solo seis días después, gracias a la advertencia de Domínguez, la AEMPS trasladó el caso a la OLAF y a la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil, que comenzó sus pesquisas. No les fue complicado confirmar que el perfil de Santacatalina podría encajar con el de un estafador, puesto que, según la investigación de la Guardia Civil, «tendría un entramado de empresas, así como antecedentes por diversos delitos, entre ellos falsificación de documentos, y se le ha investigado por blanqueo de capitales». Según fuentes de la Guardia Civil, los agentes de la UTPJ solicitaron a la AEMPS los datos de contacto de Domínguez, como persona que recibió la oferta de los viales, con el objetivo de recabar su testimonio.

En la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el jefe del Servicio Canario de la Salud se vincula a Conrado Domínguez con una red corrupta para la compra de vacunas -documentos de arriba- cuando en realidad esa conversación fue una de las pruebas que presentó el alto cargo canario ante la Guardia Civil para denunciar la trama fraudulenta. Domínguez hizo de cebo para destapar la red.

Ofertas fraudulentas

El 8 de marzo de 2021, a petición de la Guardia Civil, Domínguez interpone una denuncia contra Emilio Santacatalina por un presunto delito de estafa en grado de tentativa. Esta declaración ante agentes de este cuerpo policial en Las Palmas de Gran Canaria no mantiene ninguna relación con el caso Mascarillas, una causa por la que nunca han tomado declaración a Domínguez. Según afirmó a través de whatsapp al director del SCS y a un inspector de la AEMPS, Santacatalina aseguraba contar con 12 millones de viales de la marca Pfizer gracias a que operaba un fondo de inversión que ayuda a la farmacéutica con capital para ampliar su capacidad de producción y, como contraprestación, recibían «derechos de venta» por un total de 12 millones de viales, aunque solo los podían vender a gobiernos y en paquetes de un millón de vacunas.

El empresario sostenía que ya había firmado acuerdos con Francia, Irán y varias comunidades autónomas españolas; y pedía el pago de la mercancía mediante ingreso en una cuenta bancaria como prueba de liquidez. Asimismo, Santacalina exigía la firma de una carta de compromiso para asegurarse la transacción, sin la que aseguraba no poder facilitar el número de lote de los viales –un dato imprescindible para confirmar la procedencia del fármaco–. Ante la insistencia tanto de Domínguez como de un inspector de la AEMPS por conocer el origen de las vacunas, Santacatalina les envió información sobre el antídoto, pero se trataba de archivos publicados en internet y de libre acceso.

Pfizer negó a la AEMPS que mantuviera un acuerdo comercial con Santacatalina, ya que toda su producción estaba comprometida a las administraciones públicas. La Interpol también intervino en la investigación para confirmar que la farmacéutica no había quebrantado el acuerdo con la Unión Europea de suministrar viales exclusivamente a los gobiernos. En esos meses, la policía internacional había alertado a las autoridades sanitarias europeas de la proliferación de ofertas fraudulentas en el mercado de las vacunas contra el coronavirus. El aviso de la AEMPS sirvió para que la OLAF enviara una «alerta rápida» para prevenir a las administraciones públicas de esta posible estafa.

Por su parte, Samuel Machín presentó las conversaciones con Domínguez en las que aborda esta posible compra fraudulenta de vacunas Pfizer en su defensa ante la Fiscalía Anticorrupción, por participar en la venta fraudulenta de un millón de mascarillas por cuatro millones de euros a través de la empresa RR7 y que nunca se entregaron a los hospitales canarios. El fiscal, sin conocer la denuncia de Domínguez ante la Guardia Civil, después de estudiar las conversaciones, concluye en su querella que "se evidencian las negociaciones mantenidas, en pleno proceso de resolución del contrato público de suministro por incumplimiento de la obligación del contratista RR7, entre el director del SCS y Samuel Machín". El comisionista está citado a declarar como testigo en el caso Mascarillas.

Tres millones de falsas dosis de Pfizer contra el coronavirus

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, acudió el 8 de marzo de 2021 a la Guardia Civil para presentar una denuncia por estafa en grado de tentativa contra el empresario Emilio Santacatalina. Domínguez interpuso la querella ante el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) a petición del propio cuerpo policial, que solicitó su colaboración, dado que fue quien alertó a las autoridades de la posible venta irregular de millones de vacunas contra la covid-19.

Domínguez expuso en su relato ante los agentes que había recibido un mensaje por whatsapp de Santacatalina, quien afirmaba actuar en nombre de la compañía Follow Creation Limited, basada en Londres, y del Grupo Santa Catalina, para ofrecerle tres millones de dosis de la marca Pfizer. El empresario le aseguró que los viales salían directamente de la fábrica de la farmacéutica, ubicada en Bélgica, le remitió información de acceso público sobre el producto y le adjuntó un documento que actuaba como carta de intenciones para que lo cumplimentara.

Santacatalina, según señaló Domínguez, le explicó que había alcanzado acuerdos con otras comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía, así como con los gobiernos de Francia e Irán. Además, le ofreció la posibilidad de conseguir también dosis de las marcas AstraZeneca o Sputnik. Domínguez explicó en comisaría que, para verificar la información, contactó con el Ministerio de Sanidad que, a su vez, consultó a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

El director del SCS aseguró ante la Guardia Civil que Santacatalina había contactado con él en anteriores ocasiones para ofertarle material sanitario, sin llegar a culminar ningún acuerdo comercial. El empresario también le aseguró que había vendido material sanitario a organismos públicos como el Cabildo de Gran Canaria. Al presentar la denuncia, Domínguez entregó capturas de pantalla y copias de las conversaciones mantenidas con el empresario a través de whatsapp.

Investigado por blanqueo de capitales y falsificación de documentos

El aviso del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, al Ministerio de Sanidad sobre una oferta sospechosa de vacunas contra la covid-19 activó las alarmas de las autoridades españolas y europeas. El 16 de febrero de 2021 –menos de una semana después del primer contacto entre Domínguez y el intermediario de la venta– el departamento de Inspección y Control de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) alertó por correo electrónico a la Oficina europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés) y a la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil sobre el posible delito.

La AMPS explica a sus interlocutores que Domínguez les había facilitado los datos de contacto del empresario Emilio Santacatalina, quien ofertó al SCS millones de viales de vacunas, supuestamente procedentes de la farmacéutica Pfizer, y solicita colaboración para verificar la legalidad del suministro. La Guardia Civil pone en marcha una investigación y tres días después confirma la teoría de la estafa por parte del empresario. «Tendría un entramado de empresas, así como antecedentes por diversos delitos, entre ellos falsificación de documentos. Asimismo, se le ha investigado por blanqueo de capitales», señala la Guardia Civil.

El propio personal de la AMPS interactúa por teléfono y por mensajería telefónica con Santacatalina, quien les hace llegar datos sobre las vacunas que están disponibles en internet y a los que tiene acceso cualquier usuario. Además, les exige una «carta de intenciones» para asegurarse la transacción y omite el número de lote de los viales (dato imprescindible para verificar la autenticidad del producto). Este protocolo fue exactamente el mismo que aplicó con Domínguez cuando contactó con él y que le hizo sospechar del ofrecimiento. Por su parte, Pfizer confirmó a la AMPS que toda su producción se asignaba a administraciones públicas y que no tenían ningún acuerdo comercial con ningún empresario.

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