La usurpación de vivienda es un delito que consiste en ocupar, con intención de permanecer, un inmueble que no es propio sin el consentimiento de su propietario legítimo. Por dicho delito han sido condenados recientemente tres okupas en la provincia, según sendas sentencias a las que ha tenido acceso este periódico.

En concreto, dos hombres --un colombiano de 31 años y un español de 20-- han sido sentenciados a pagar cada uno de ellos una multa de 450 euros por acceder en diciembre del 2020 a una vivienda de Orpesa y utilizarla como residencia habitual durante unos dos meses, sin autorización de su propietario, siendo este la entidad Promociones Turísticas Belcam SL. Tras este periodo, los intrusos decidieron marcharse. 

El Juzgado de Instrucción nº 3 de la capital de la Plana dictó dicha resolución,que ha sido ahora confirmada por la Audiencia Provincial de Castellón tras desestimar este último órgano el recurso interpuesto de las defensas.

Asimismo, el Juzgado de Instrucción número 5 de Castelló ha impuesto idéntica condena --tres meses de multa a razón diaria de cinco euros-- a una mujer de 29 años, natural de Colombia, por haber accedido en agosto del 2021 a un inmueble propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Banciaria (Sareb) --conocido como el banco malo-- en Castelló. La citada sentencia refiere que la okupa fue requerida para el desalojo de la vivienda, manteniéndose en la misma, al menos, durante seis meses.

De igual forma que en el caso anterior, pese al recurso de apelación interpuesto por el legal representante de la okupa, la Audiencia ha confirmado su condena por delito de usurpación.

La sensación general es que el fenómeno de la okupación es cada vez más importante y los datos que maneja el Ministerio del Interior confirman esta impresión. Como publicara Mediterráneo, de enero a septiembre del 2021, la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron constancia de 90 casos de ocupación ilegal de viviendas en Castellón, es decir, una media de diez al mes. Se trata de una cifra muy similar a la registrada durante todo el 2020 (ese año las denuncias ascendieron a 134), pero muy superior a las de años atrás.

En los últimos meses ha habido importantes quejas vecinales en zonas como el Raval Universitari, el paseo Morella o la calle Dean Martí de la capital. Vecinos de estos lugares han hecho públicas las «amenazas», «ruidos» y «graves desperfectos» en sus respectivos bloques de viviendas. Unos hechos que han llevado a los afectados a dar parte de forma continuada a la autoridad policial y reivindicar «mano dura» para «poder vivir en Paz».