El último episodio del caso Déborah, el hallazgo de una caja con material de la causa que estuvo olvidada durante años en las dependencias centrales de la Policía Nacional de Madrid, arroja más sombras que luces en torno a la investigación policial sobre la desaparición y muerte de esta joven viguesa. Ahí, en ese legajo traspapelado, apareció un teléfono móvil de la marca Nokia que, se sospecha, era el que pertenecía en 2002, cuando ocurrió todo, a la víctima. Un terminal que, según llevaba años denunciando la familia, permanecía extraviado y que, a la vista de los informes existentes en el sumario, protagoniza un enredo policial del todo incomprensible por tratarse de un elemento clave en una investigación del cariz como la que se sigue en este procedimiento judicial.
A raíz de la reapertura policial y judicial de la causa en 2019, una de las preguntas que se hizo la familia de Déborah tenía relación directa con su teléfono móvil. ¿Dónde estaba esa pieza de convicción? Porque la madre de la joven recordaba y recuerda “nítidamente” habérselo entregado en 2006, cuatro años después de los hechos, a dos agentes que, en el marco de las pesquisas, fueron a entrevistarla a su domicilio. Y lo que en aquel mismo 2019 refirió la Policía Nacional, según consta en un informe incorporado al sumario, era que no existía ningún documento que acreditase que dicho móvil hubiese sido intervenido para su análisis. De hecho, dos responsables durante los primeros años de la investigación pertenecientes a la Brigada de Delitos contra las Personas de Madrid manifestaron que ningún familiar de Déborah había entregado el teléfono. Lo único que constaba en el diario de las gestiones de los agentes, prosigue el oficio policial, eran unos datos –relativos a llamadas recibidas y a una anotación en la agenda del móvil– de los que, agrega el informe, se podría entender que o bien algún agente hizo una inspección visual del móvil o algún familiar de la víctima proporcionó dicha información a los investigadores al inicio de las pesquisas.
El subinspector al cargo del caso tras su reapertura deja la Policía
Cuando la investigación policial del caso Déborah se reabrió en 2019, al frente del equipo de Madrid que lleva la rienda de las pesquisas se puso el subinspector Carlos Segarra. Pero este agente dejó recientemente la Policía Nacional para iniciar una nueva etapa como abogado. Ahora colabora en el canal de televisión Cuatro, donde esta semana habló sobre el procedimiento. Afirmó que los primeros investigadores del caso “tuvieron en sus manos” el teléfono de Déborah, que lo “analizaron” y, según aseguró, no se halló ningún dato concluyente.
Así las cosas, hasta que esta pasada semana salió a la luz el hallazgo de ese legajo a raíz de unas obras en sus dependencias de Madrid, la Policía Nacional negaba estar en poder del móvil de Déborah. Algo que además justificaba por el hecho de que en el año 2002 los teléfonos no eran como los actuales smartphones, ya que la información que contenían se limitaba casi exclusivamente a la agenda, las llamadas entrantes y salientes y los mensajes SMS, que se podía consultar, indicaban, con una sencilla inspección sin necesidad de someterlo a un análisis más exhaustivo.
Una nueva versión
Pero lo que acaba de trasladar la Policía Nacional a la jueza en el oficio donde pide autorización para acceder al teléfono hallado en esa caja olvidada es muy distinto a lo que contenía aquel informe de 2019. Los agentes creen ahora que ese móvil Nokia podría ser efectivamente el de Déborah ya que, según exponen en este nuevo informe, han encontrado documentación relativa a una visita realizada a Vigo en enero de 2006 por los policías que entonces estaban al cargo de las pesquisas. Y entre dichas anotaciones consta que el día 11 de aquel mes acudieron al domicilio de los padres de la joven y, junto a su agenda personal, efectivamente sí recogieron su móvil.
¿Y el terminal de Déborah llegó a ser examinado a conciencia? Pues eso sí que no consta. Nada hay en la causa, ningún informe pericial, que acredite dicho extremo. Ahora, los investigadores acaban de pedir a la jueza que les permita remitir el antiguo teléfono Nokia encontrado en sus dependencias de Madrid al grupo especializado de la Policía Científica. El objetivo es doble: confirmar que efectivamente es el móvil de la joven y tratar de extraer la información que contenga el mismo. Lo que no apareció en ese legajo es la tarjeta SIM, lo que posiblemente pondrá límites a los datos que se puedan obtener.
Un episodio que arroja sombras sobre la cadena de custodia de las pruebas de este crimen
Lo que ha ocurrido con la caja con pruebas del caso Déborah que estuvo traspapelada en la Sección de Homicidios y Desaparecidos de la Policía Nacional de Madrid no es baladí. Dentro, junto al teléfono móvil que supuestamente pertenecería a la joven viguesa, había seis cintas de vídeo VHS –aún no se sabe si se trata de pruebas intervenidas o son grabaciones de los propios agentes–, así como oficios y fotografías de carácter policial. El hecho de que este legajo se extraviase ataca directamente a la cadena de custodia que se exige para cualquier tipo de prueba o indicio que vaya a ser usado en una investigación judicial. E inevitablemente arroja dudas sobre el control que se ejerció sobre éstas y otras piezas de convicción que forman parte de este procedimiento. Precisamente, el episodio del teléfono recuerda al del disco duro del ordenador de la víctima, que según Lazarus Technology fue manipulado y sometido a un borrado de datos tras ser entregado en 2006 a la Policía Nacional. La familia de Déborah, tras esa pericia, pidió que se analizase toda la cadena de custodia que tuvo el dispositivo desde ese año hasta la actualidad, pero la jueza rechazó recientemente llevar a cabo esta diligencia, decisión que ha sido recurrida por los abogados. Y ayer, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, mostró su apoyo a la familia de Déborah y afirmó que tienen el mismo objetivo, “que es que se esclarezcan los hechos y que, lógicamente, se depuren las consecuencias”.
