La Audiencia Provincial de Castellón sentará en el banquillo de los acusados el próximo mes de octubre a siete procesados por vender drogas en una vivienda y una peluquería de Orpesa. Los investigados, cinco de los cuales se encuentran en prisión provisional por estos hechos, se enfrentan en total a 43 años y medio de prisión.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Castellón, desde verano del 2020, el principal acusado «venía realizando una labor de venta de cocaína tanto a otros distribuidores al por menor de este tipo de sustancias como a consumidores finales». En estas labores contaba con el apoyo de su hermano que vivía con él.
El sistema que presuntamente utilizaban era el conocido como «telecoca consistente en llamadas perdidas o de corta duración, empleo de lenguaje muy simple o convenido y quedada en un punto -inmediaciones de sus respectivos domicilios- y transacción».
Según el Ministerio Público, los hermanos eran los encargados de suministrar la droga a otros de los procesados, uno de los cuales se servía para la comisión de los hechos encausados del local comercial que regentaba destinado a peluquería, que era usada por los detenidos tanto para traficar como para consumir.
Registros
Como consecuencias de las investigaciones realizadas por efectivos de la Guardia Civil, en febrero del año pasado se solicitó autorización judicial para la entrada y registro de los domicilios de los procesados. Allí se encontraron importantes cantidades de dinero y cocaína, entre otros.
Además, los agentes se incautaron de un arma de defensa eléctrica transmisora de impulsos eléctricos que afectan al funcionamiento de las capacidades motoras y sistema nervioso que está prohibida salvo a funcionarios legalmente habilitados.
Delitos
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública agravado por tratarse de una cantidad de notoria importancia, otro contra la salud pública por sustancias que causan un grave daño para la salud, así como de otro contra la salud pública agravado por realizarse en un establecimiento abierto al público. De igual modo, se les considera responsables de un delito de tenencia ilícita de armas prohibidas. Para los principales acusados, que son hermanos, el fiscal pide 12 y ocho años de cárcel, para el dueño de la peluquería ocho y para los otros acusados entre seis y cuatro años.
La Fiscalía considera que para uno de los acusados concurre la circunstancia atenuante de drogadicción y solicita cuatro años de cárcel.
