Un dispositivo policial formado por decenas de antidisturbios ha desahuciado este lunes a Farid y Karima y sus dos hijos, Hanine y Mohamed de 7 y 4 años. Pese a los intentos del sindicato de barrio Construyendo Malilla de parar el desalojo a pie de puerta, la Unidad de Intervención Policial (UIP) ha conseguido entrar en el edificio y sacar a los ocupantes, deteniendo además a varios activistas.
Se trataba de una vivienda ocupada en el mes de agosto, ante, según explican los afectados, la falta de vivienda alternativa. Hasta casi las diez de la mañana los activistas se atrincheraron dentro de la vivienda con la puerta atrancada, mientras la UIP trataba de abrir la vivienda. Los alrededores se han mantenido acordonados por una veintena de agentes hasta que se ha conseguido ejecutar el desahucio. La familia dormirá las próximas dos semanas en un albergue gracias a la intervención de servicios sociales, mientras se les busca una alternativa.
Fuentes del sindicato de barrio explican que dos de las tres personas detenidas presentan lesiones, una en un ojo y otra ha perdido un diente por los golpes en la intervención policial. La Policía Nacional explica que se les ha detenido por atentado contra un agente de la autoridad y desórdenes públicos. La UIP se ha personado en la vivienda una hora antes de la programada para el lanzamiento, a las 9 y 15 minutos de la mañana, desalojando el lugar antes de que llegara la comitiva judicial. El dispositivo policial ha sido mucho más numeroso que lo que tenían previsto los activistas y del que se suele dar en este tipo de casos.
Mohamed es un torbellino que corre descalzo de punta a punta de la casa y de vez en cuando se pega algún golpetazo. Tiene 4 años, es un niño y quiere jugar, así que este domingo no entiendía la situación que le rodeaba. Mientras estaba en el colegio esta mañana lunes la policía y un juez le han dejado en la calle. A él, a su hermana Hanine de 7 años, y a sus dos padres, Farid y Karima. Se metieron en el piso como ocupas en agosto, aseguran, ante la falta de vivienda alternativa, y pese a la presencia de dos niños en la casa el juez decidió seguir adelante con el desalojo previsto para hoy. La sociedad inversora propietaria del piso ha denunciado cinco veces, pero ningún intento de desahucio ha prosperado. Aunque los otros cuatro fueron a nombre de Laura, otra inquilina cuyo caso ya contó este periódico.
Laura es una madre de familia natural del barrio de Malilla, en València, que tuvo que rehipotecar su casa en los tiempos más duros de la crisis financiera. Esa decisión provocó que no tuviera dinero para hacer frente a su deuda y acabara por dejar de pagar. Vivía en esa casa con sus dos hijos menores de edad e intentaron desahuciarla cuatro veces. Dos de ellas las paró un juez al entender que había menores en la casa, y las otras dos la pararon los vecinos y vecinas del sindicato de barrio Construyendo Malilla con una protesta a pie de puerta. Incluso una resolución de la ONU medió para que se quedara.
Finalmente la administración consiguió una alternativa para Laura y sus hijos y ahora gozan de una vivienda pública con un alquiler asequible en otro barrio de València. Se llevaron sus cosas y se fueron del piso. Y a los pocos días entraron Farid y Karima como ocupas. El juzgado entiende que, aunque los afectados esta vez sean otros, este es el mismo proceso y no caben más prórrogas ni aplazamientos. Así que Farid, Karima y sus hijos corrían un serio riesgo de quedarse en la calle. Tanto es así que un grupo de activistas ha dormido con ellos esta noche y más personas se han plantado en la puerta a la hora del lanzamiento.
A esta situación tan complicada se le suma que Farid y Karima son solicitantes de asilo. Ahora mismo tienen la tarjeta blanca, una documentación provisional que les permite trabajar mientras revisan su proceso y toman una decisión definitiva, pero hasta ahora, tras dos años en el país, no habían podido emplearse.
Con trabajo pero sin vivienda
Farid está contento porque, tras casi dos años desde que llegaron a España y tras pasar por los dispositivos de acogida de Cruz Roja y Cepaim, ha encontrado un trabajo. Hace literalmente tres días que empezó. Con esos ingresos esperan arreglar poco a poco su situación, pero la casa pende de un hilo.
Cuentan que antes de dar la patada removieron cielo y tierra, pero se vieron empujados a eso porque la alternativa era vivir en la calle. “O eso, o haberle pagado 700 euros a una mafia para que les abriera un piso de patada”, cuenta un activista del sindicato de barrio que les ayuda con sus necesidades.
“El alquiler está imposible, y además entonces no teníamos ningún ingreso, nadie le va a alquilar nada a una familia sin nómina, aunque ahora que tenemos tampoco”, cuenta Farid. “En servicios sociales tampoco nos supieron dar una solución”. Su plan ahora es mudarse a un pueblo cercano a València como Alginet o l’Alcudia, “algún pueblo que tenga metro para que yo pueda ir a trabajar, pero esque ni siquiera ahí es fácil encontrar un alquiler normal”, denuncia el padre.
Ahora mismo viven con agua pero sin luz. Los activistas de Construyendo Malilla les han proporcionado algunas baterías que enchufan a la tele, a una lámpara o a algunos electrodomésticos, y que recargan en la sede del sindicato o en sus propias casas. La comida también se la proporciona el banco de alimentos Malilla Solidaria. Los dos niños están ya matriculados en el colegio del barrio y una amiga les ha ayudado a acabar de pagar los libros.
Gentrificación en Malilla
Vicente Danvila, portavoz del sindicato de barrio Construyendo Malilla, explica que el barrio lleva cinco años viviendo un proceso de gentrificación debido a la ampliación del parque central de València y la construcción de más servicios públicos y nuevos parques. “Creemos que esas inversiones están muy bien, pero al mismo tiempo lo que están haciendo es revalorizar mucho el suelo del barrio, y provocar que los precios suban apretando y hasta echando a familias de toda la vida de bajos recursos”, explica.
Por esto, según explica Danvila, “hemos visto que hay muchas viviendas de sociedades inversoras o promotoras que simplemente están cerradas desde hace años, y son los bloques más antiguos”, cuenta. Para el activista “creemos que es porque conllevan mucho trabajo de reforma y no quieren empezar hasta que se vayan a terminar los grandes proyectos, pero podrían vivir ahí familias que necesitan casa”, reivindica.
Las plataformas de vivienda llevan meses advirtiendo de que la realidad de los desahucios puede volverse más cruda todavía este invierno, en especial si no se renueva la moratoria que -en parte- “prohíbe los desahucios” del Gobierno dentro del escudo social más allá del 31 de diciembre. Con escudo social la Comunitat ya registra 19 desahucios diarios en el primer semestre del año, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, unas cifras que nos acercan a los años más duros de la crisis financiera.
