Que los menores a partir de 12 años paguen por sus delitos sexuales. Es lo que ayer pidió la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, quien incidió en el aumento de este tipo de agresiones en el 2021. En el caso de Castellón, como publicó recientemente este diario, la violencia sexual es una lacra que parece no tener fin y es que en la última década este tipo de ataques se han duplicado, según datos del Ministerio del Interior.

«Cuando te llega una agresión sexual de un niño de 13 años como autor, hay que actuar ya», declaró Gisbert tras entregar la memoria de la Fiscalía del año pasado en Les Corts, en alusión a la petición de rebajar esta edad legal por parte de asociaciones judiciales. Gisbert compartió su «preocupación especial» por la mayor incidencia de delitos sexuales en menores cada vez más jóvenes, con casos de «cada vez víctimas niñas más pequeñas, de 12 ó13 años y alguna, de diez». «Eso significa que no lo estamos haciendo bien o que faltan cosas por hacer», apuntó.

Sobre todo, advirtió de la necesidad de «enseñar realmente a los menores en igualdad y empatía», ya que «tienen conceptos muy cosificados, retrógrados y machistas de la mujer y eso es un problema».

Ante esta situación, la fiscal superior reconoció que sería conveniente bajar la edad legal de 14 a 12 años en este tipo de delitos, algo que ya pidió en 1996 cuando coordinaba la sección de Menores, cuando «el propio entorno (de los agresores) no interviene». Eso sí, hizo hincapié en que hay que mantener el «espíritu» de la Ley del Menor y que las sanciones tengan carácter reeducativo.

El caso de Vila-real

En el caso de Castellón, cabe recordar que el pasado mes de mayo se produjo una presunta violación grupal en Vila-real en la que participaron varios menores de edad y, entre ellos, precisamente, un adolescente inimputable. Mientras que el resto de los presuntos autores fueron detenidos y pasaron a disposición judicial, esta persona no tuvo responsabilidad penal alguna por su edad.

La violencia machista es otro ámbito en el que Gisbert urgió a actuar, dado que «algo sigue fallando previamente» en la educación. También se preocupó por el auge de los delitos de odio.