La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal, a la que pertenecían un mínimo de 31 personas, cuyos miembros operaban desde Murcia, Alicante y Tenerife. En el marco de esta operación (Pyramidi-Scam), la Benemérita ha detenido a 18 personas en la Región. La red se dedicaba a la captación de inversores y a la estafa piramidal, y la trama transnacional abarcaba numerosos países, como Italia, Reino Unido, Colombia y República Dominicana entre otros, todos ellos con sus respectivos directores.

Los efectivos del cuerpo comenzaron la investigación tras una denuncia presentada en la pedanía murciana de Cabezo de Torres. El denunciante aseguró haber sido víctima de esta estafa junto a más personas. Las víctimas tenían que invertir en lo que, supuestamente, sería una futura plataforma digital para realizar compras y ventas, bajo el nombre de una marca. En teoría, incluía compras directas al proveedor, transacciones en euros, inteligencia artificial, monederos de criptodivisas y entregas a domicilio.

Por jerarquía, los líderes presentaban el proyecto de la plataforma a potenciales inversores, que iban animando a otros a unirse creyendo que obtendrían grandes beneficios. Seguían el esquema Ponzi, un tipo de fraude en el que se paga a inversionistas existentes con fondos generados por nuevos inversionistas, con lo que las víctimas consolidadas pasaban a ser los nuevos captadores para continuar buscando futuros inversores.

Los agentes encontraron numerosos vídeos en los que comprobaron cómo era la puesta en escena para engañar a sus víctimas: se organizaban eventos en prestigiosos hoteles de España y de otros países europeos e, incluso, viajes y cruceros, para dar la apariencia de una empresa solvente.

La supuesta empresa tenía un perfil propio en una plataforma, en la que los inversores podían visualizar los supuestos beneficios económicos, aunque no disponer de ellos. Los líderes desviaban los beneficios a cuentas en Lituania o a través de conversión a criptomonedas.

Durante el registro, la Guardia Civil decomisó miles de euros en metálico, tarjetas de crédito, ordenadores portátiles, móviles, tablets, discos duros y documentación. A los detenidos e investigados se les acusa de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.