Culpable de asesinar a su marido discapacitado y ocultar su cadáver con sosa cáustica en Godelleta

Beatriu F. C. estranguló a su marido, discapacitado por la enfermedad degenerativa que padecía, de forma intencionada en diciembre de 2019 mientras Isaac, de 45 años, trataba de revolverse contra ella “para intentar impedir su muerte sin posibilidad real de oponer resistencia alguna por su imposibilidad física y desvalimiento”. Así lo ha declarado probado el jurado popular tras rechazar la versión de la presunta viuda negra de Godelleta sobre una supuesta muerte asistida por expreso deseo de su marido, que sufría ataxia cerebelosa y era partidario de la eutanasia.

Si bien se reconoce probado que en alguna ocasión Isaac había manifestado oralmente su deseo a morir, cosa que realmente nadie discutía, y que había recabado información sobre la eutanasia, el jurado aprecia que existen elementos de prueba que acreditan que el expolicía local de Catarroja no quería implicar a ningún familiar en su muerte y quería esperar a la anunciada reforma legal sobre la eutanasia para adoptar una decisión.

Así, según los hechos declarados probados en este veredicto de culpabilidad el crimen sería constitutivo de un delito de asesinato de víctima especialmente vulnerable por su discapacidad, de ahí que la acusada se enfrente a la prisión permanente revisable que solicitaba el fiscal y la acusación particular.

El jurado ha declarado probado que durante los últimos meses de 2019 la acusada tomó la decisión de acabar con la vida de su marido, de 45 años y con el que había contraído matrimonio dos años antes. Para llevar a cabo su crimen, ocultar posteriormente el cadáver en una fosa con sosa cáustica y tratar de hacer creer a todos que Isaac se había marchado de forma voluntaria de casa, Beatriu “preparó un plan y los medios adecuados para llevar a cabo su propósito criminal”.

Así, en el mes de octubre arrendó una parcela rústica, sin edificaciones y cerrada con un vallado, en Godelleta, y mandó excavar en la misma una fosa de unos 78 centímetros de profundidad, 130 de ancho y 326 de longitud. Todo ello siguiendo este plan ideado para terminar con la vida de su esposo.

Sobre el móvil del crimen ninguna de las preguntas del objeto de veredicto entra a valorar el mismo, ya que es una cuestión subjetiva, pero lo cierto es que durante el juicio los investigadores del grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia acreditaron que desde la desaparición - muerte – de Isaac, su mujer realizó transferencias de la cuenta común a la suya e hizo compras cuyos gastos ascendían a unos 2.000 euros mensuales en los siete meses que se tardó en localizar el cadáver de su víctima gracias al sistema de localización GPS instalado en el vehículo.

La tarde del 1 de diciembre de 2019 la acusada, acompañada de su hijo - que tenía 16 años en el momento de los hechos - , sacó a su marido del domicilio, lo subió al vehículo adaptado de éste y lo sentó en el asiento del copiloto. Antes de dirigirse hacia Xirivella le dio una pastilla para hacerle dormir, haciéndole creer que era para calmar el dolor.

Para impedir que las posibles futuras investigaciones los ubicaran tanto a ella, su hijo y la propia víctima en la parcela de Godelleta arrendada meses antes, la acusada se aseguró de entregarle el teléfono móvil de Isaac a una amiga en Xirivella y los terminales de ella y el menor a un familiar en Paiporta.

Una vez en Godelleta la mujer declarada culpable por el jurado trató de matar a su marido abriendo la espita de una bombona de gas butano para que se asfixiara dentro del coche. Pasado un tiempo, al comprobar que seguía con vida, la acusada cogió un cordón de las zapatillas de su hijo y lo colocó rodeando el cuello de su víctima, a quien estranguló con gran fuerza hasta asegurarse de su muerte.

Además de estrangularlo, le propinó golpes causándole hematomas en la mandíbula, el cráneo, el tórax y la espalda, según acreditaron los forenses del Instituto de Medicina Legal que realizaron la autopsia. Todo ello mientras su víctima trataba inútilmente de defenderse dada su discapacidad.

Tras asegurarse de su muerte, sacó el cadáver del coche y ayudada por su hijo, lo tiró en la fosa mandada excavar previamente tras contratar los servicios por internet de una retroexcavadora. El cuerpo lo depositó envuelto en un plástico y sobre el mismo tiró tierra y piedras, así como sosa cáustica. Aunque su intención con esta sustancia era disolver el cadáver y eliminar pruebas, al no mezclarlo con agua, el hidróxido de sodio y el hermetismo de la lona plástica actuaron más como elemento de conservación, que a la postre, cuando el 16 de junio fue localizado, permitió a los forenses hallar signos claros y evidentes del estrangulamiento y de los golpes propinados a la víctima.

La acusada interpuso una denuncia por el abandono de domicilio de su marido el 5 de diciembre de 2019, cuatro días después de cometer el crimen. Desde ese momento realizó todo tipo de subterfugios para hacer creer a familiares y amigos que Isaac seguía vivo y que se había marchado por decisión propia para someterse a la eutanasia en un país donde fuera legal. Desde el teléfono de éste y haciéndose pasar por el mismo envió mensajes diciendo que estaba bien y pidiendo que respetaran su decisión y no lo buscaran. “Lo siento mucho pero no voy a volver a casa. Me voy a un centro donde me harán pruebas para evitar que mi hija pase por lo mismo. Estaré bien. Cuando pase algo os avisarán de inmediato. Es decisión mía y solo mía y debéis respetar mi voluntad. No tengo valor para despedirme de mis hijos, los quiero mucho”, es uno de los mensajes que se autoenvió.

Desde el primer momento los familiares de Isaac no creyeron que se hubiera marchado sin despedirse ni de sus propios hijos -de hecho a la hija le había dicho claramente que ella sería la primera en saber, llegado el día, que quería someterse a la eutanasia -. Los miembros del jurado popular tampoco se han tragado la versión exculpatoria de la presunta asesina y se oponen a cualquier posibilidad de indulto.