La Audiencia Provincial de Castellón celebrará el próximo 19 de septiembre un juicio por fraude a la Seguridad Social por el que un hombre de 78 años se sentará en el banquillo de los acusados y se enfrentará a una pena de cuatro años de cárcel. La Fiscalía le pide también el pago de casi un millón y medio de euros en concepto de multa, según señala el escrito de acusación provisional.
El acusado, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, actuando con la intención de eludir el pago de las cuotas de la Seguridad Social generadas por los trabajadores a su cargo elaboró y ejecutó un plan apoyado en la creación de una sucesión de empresas.
En el 2005, constituyó una mercantil cuyo objeto social era el lavado y limpieza de prendas de textil y cuyo domicilio social estaba en Castelló. Su administrador único era el propio acusado y tuvo 126 trabajadores dados de alta. Esta empresa generó una deuda con la Seguridad Social por importe de 80.191,44 euros entre los años 2011 y 2013 como deuda propia.
Posteriormente, crearía otras tres empresas del mismo sector en Orpesa, según consta en el escrito de acusación provisional.
Todas las referidas empresas tenían el mismo objeto social, compartían trabajadores y utilizaban los mismos medios de producción, pues fueron constituidas con la finalidad de impedir el proceso de recaudación de las unidades de recaudación ejecutivas de la Tesorería General de la Seguridad Social, dice el fiscal.
Tales empresas constituyen un mismo grupo empresarial con cesión de mano de obra entre ellas.
«Los acusados nunca solicitaron aplazamiento de pago, ni intentaron regularizar la cotización y no presentaron las cuentas en el Registro Mercantil», reza el escrito provisional del Ministerio Fiscal.
La Tesorería General de la Seguridad Social reclama lo que en Derecho le corresponda.
Los hechos relatados son, a ojos de la Fiscalía, constitutivos de un presunto delito de defraudación de cotizaciones a la Seguridad Social. Por todo ello, solicitan una pena de cuatro años de prisión y una multa de 800.000 euros. Igualmente, el Ministerio Público solicita que se le imponga la pena de privación de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o inventivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de ocho años.
Para un supuesto cómplice pide un año y seis meses de cárcel y una multa de 300.000 euros. Igualmente, se le impondrá la privación de obtener subvenciones durante tres años.
En concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide 378.000 euros de forma conjunta. H
