SENTENCIA

Cuatro años de cárcel por violar a una discapacitada en un centro de Castelló

El agresor metió en un baño por la fuerza a la víctima, con una minusvalía del 76%

Vehículos policiales abandonan la Ciudad de la Justicia de Castellón en una imagen de archivo.

Vehículos policiales abandonan la Ciudad de la Justicia de Castellón en una imagen de archivo.

Cuatro años de prisión, otros cinco de libertad vigilada, una orden de alejamiento y el pago de 6.000 euros en concepto de indemnización. Es la condena impuesta por la Audiencia Provincial a un agresor sexual castellonense de 30 años por violar a una mujer con una discapacidad psíquica del 76% en el centro de rehabilitación social y de inserción Gran Vía de la capital de la Plana hace seis años. 

Tal y como contiene la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, el 5 de septiembre del 2018, coincidieron víctima y agresor en las instalaciones públicas como usuarios habituales del centro. El ahora condenado, que tenía 24 años y carecía de antecedentes, presenta un diagnóstico médico legal de retraso mental leve, trastorno de control de impulsos y de conducta, con dependencia a estimulantes. No obstante, presentaba «conservadas sus facultades cognitivas, pero comprometidas de forma importante las volitivas en lo relativo a la desinhibición sexual, estado sometido al régimen de curatela --medida de apoyo a una persona que no cuenta con plena capacidad y requiere de asistencia continuada--.

Por su parte, la víctima presenta un déficit cognitivo leve-moderado y otras patologías de carácter físico y psíquico, teniendo reconocida una minusvalía del 76%, sin estar incapacitada legalmente.

Los hechos enjuiciados

El día de los hechos, el procesado, tratando de satisfacer sus apetencias sexuales, abordó en dicho Centro a la mujer, tapándole la boca para que no pudiera pedir auxilio, introduciéndola en unos aseos para caballeros. «Una vez allí, empezó a manosearla para, de seguido, y pese a que ella se oponía, diciéndole que no quería, bajarle los pantalones y violarla», reza el documento judicial de la Audiencia.

El centro es de titularidad pública como perteneciente a la Conselleria de de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, aunque estaba gestionado de forma integral por una empresa que tenía suscrito un seguro voluntario de responsabilidad civil. Tal y como señala también la sentencia, dicho centro no tenía contemplado el riesgo de lo sucedido y por lo tanto había previsto medidas que lo impidiera.

Durante el juicio celebrado, el acusado reconoció los hechos. A mayor abundamiento, la víctima se ratificó en las declaraciones prestadas en fase sumarial. Una de las trabajadoras del centro contó a los magistrados que la afectada acudió a su despacho y le relató lo sucedido. Al llamar al procesado, este también lo admitió y dijo saber que la perjudicada tenía sus facultades mentales afectadas.

Contra esta sentencia, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

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