El fiscal pide 8 años para los cuatro funerarios acusados de lucrarse con un cadáver donado a la ciencia

Buitre, según la RAE: "Ave rapaz de cerca de dos metros de envergadura, con el cuello desnudo, rodeado de un collar de plumas largas, estrechas y flexibles, cuerpo leonado, remeras oscuras y una faja blanca a través de cada ala, que se alimenta de carne muerta y vive en bandadas". También, "persona que se ceba en la desgracia de otra". Las descripciones vienen a la mente al ver el relato que hace la Fiscalía en sus conclusiones provisionales en las que solicita una pena global de ocho años de prisión para los cuatro funerarios de València acusados de haberse quedado con el cadáver de un hombre al que suponían sin familia para 'vendérselo' al CEU-Cardenal Herrera tras falsificar el documento por el que el fallecido, simularon, había querido donar su cuerpo a la ciencia. Es lo único que queda activo del "entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres" cuyo desmantelamiento anunció la Policía Nacional en enero de 2024, cuando informó de la bautizada con el macabro y elocuente nombre de Operación Thanatos.

Esa investigación dio pie a dos procedimientos penales diferenciados instruidos ambos por el Juzgado de Instrucción 1 de València. Por una parte, el abierto a raíz de la muerte de un ciudadano francés de avanzada edad, Joseph Pierre Jacques, en situación de pobreza que pasó sus últimos años ingresado en una residencia ed mayores de Albal y por otra, el iniciado a partir de ese primer caso en el que se investigaba un aparente fraude por el que los dos dueños y los dos empleados de la funeraria Rivato 1 de València habrían obtenido más de 5.000 euros, tanto del CEU-Universidad Cardenal Herrera como de la Facultad de Medicina de la Universitat de València, por deshacerse de once cuerpos donados a la ciencia.

"Puede ser irregular, pero no delictivo"

Pues bien, únicamente el primero de los casos, el de Joseph Pierre, hará que los cuatro acusados -salvo acuerdo de última hora- se sienten en el banquillo, después de que el fiscal, el único que acusa, haya solicitado provisionalmente dos años de prisión para cada uno de los procesados más diez meses de multa a razón de 10 euros diarios por falsedad en documento oficial, lo que ha obligado al juez a abrir juicio oral contra todos ellos.

El segundo, el de la 'trama', ha quedado finalmente en agua de borrajas, después de que el instructor haya archivado la causa a instancias de la Fiscalía, que solicitó el sobreseimiento provisional al entender que no hay delito alguno en el proceder de los acusados, es decir, "puede ser irregular, pero no delictivo", concluye el acusador público, en contraste con la dureza había empleado el juez en septiembre pasado, cuando dictó el auto de procesamiento contra los copropietarios de la funeraria y contra los dos empleados.

La investigación policial por la que en los próximos meses serán juzgados los cuatro funerarios se puso en marcha tras la denuncia del Hospital La Fe, interpuesta por sus responsables cuando fueron conscientes de la desaparición del cuerpo de un paciente fallecido en sus instalaciones el 14 de diciembre de 2022. Un día después de esa muerte, recoge el fiscal en su escrito de acusación, los dos empleados de la funeraria, siguiendo un plan "para obtener beneficio" de sus jefes, que "de común acuerdo lo planificaron y ordenaron" a aquellos, se presentaron en el mortuorio de La Fe y reclamaron el cadáver.

Para ello, uno de los trabajadores mintió dando un nombre falso y diciendo que actuaba en nombre de una funeraria distinta. Además, sostiene el fiscal que, exhibiendo un certificado de defunción en blanco con el sello de Alicante, "consiguió que el hospital le entregara el certificado de defunción, una copia de la carta de identidad del finado y el cuerpo" de Joseph Pierre Jacques.

A por los 1.331 euros del CEU

Tras cargar el cadáver en el furgón, ambos se dirigieron al Registro Civil, en la Ciudad de la Justicia de València, donde el mismo empleado entró y, haciéndose pasar por amigo del difunto, obtuvo una licencia de sepultura, después de mostrar la documentación facilitada por el hospital, firmar para que se inscribiera la muerte de Pierre Jacques en el registro y decir que al fallecido lo iban a incinerar en el Cementerio de València. Pero el plan era otro.

Mientras uno completaba la gestión en el Registro Civil, el otro, que le esperaba en el coche, aprovechó, explica el fiscal, para "confeccionar un documento de autorización para donación del cuerpo a la ciencia donde hizo constar que, en su condición de amigo, entregaba el cadáver a la Universidad Cardenal Herrera (CEU), documento que además hacía expresa referencia a no avisar a la familia".

Para completar su acción, ya solo tuvieron que ir al CEU y depositar el cuerpo en la morgue de la universidad privada, "que abonó 1.331 euros que fueron a parar a la cuenta corriente de la funeraria", sin que, matiza el acusador público, los trabajadores percibiesen dinero alguno por la ejecución del plan de sus jefes.

Sí tenía una hija: el error de los acusados

Seis días después, la hija de Pierre, alertada por La Fe de la muerte de su padre, envió una declaración jurada desde Francia manifestando que no podía hacerse cargo ni del cadáver ni de los gastos del entierro. Así las cosas, el hospital se puso en contacto con el Ayuntamiento de Albal, ya que el hombre estaba empadronado en un geriátrico de ese municipio de l'Horta Sud, para gestionar un entierro de beneficencia.

Casi un mes más tarde, el 19 de enero de 2023, una vez que el consistorio de Albal terminó de gestionar el sepelio benéfico de Joseph Pierre Jacques, envió una funeraria en su nombre a La Fe para recoger el cadáver, y fue entonces cuando se toparon con la increíble sorpresa de que ese cuerpo ya se lo habían llevado cinco semanas antes, el 15 de diciembre "de la forma fraudulenta descrita", dice el Ministerio Público.

Además de las penas de prisión y de las de multa que el fiscal propone para los cuatro acusados por el delito de falsedad en documento oficial del que los hace responsables, pide expresamente que paguen, a escote, las costas del procedimiento judicial. Sin embargo, no se solicitan indemnizaciones, dado que el único posible perjudicado económicamente, el CEU-Cardenal Herrera, "no reclama cantidad alguna".