Denuncian a la hija de su casera por ataques racistas: "Nos amenazó con mandar un sicario para matarnos"

Amigas desde hace más de treinta años, Sandra y Lizeth abandonaron su Colombia natal hace cuatro años para escapar de la dura situación que afrontaban en su país. Una estaba amenazada por la guerrilla y cada vez que salía a la calle temía que un disparo pudiera arrebatarle la vida. Para la otra, víctima de violencia de género, la zona hostil estaba en su casa, donde su entonces marido, día sí y día también, le daba brutales palizas, en algunas ocasiones hasta que perdía el conocimiento.

Cansadas de vivir con miedo y con la esperanza de empezar una nueva vida más tranquila, ambas tomaron rumbo a España en diciembre de 2021. Contra todos sus pronósticos y esperanzas, la recepción en el país ha sido hostil. Tanto es así que ambas mujeres se han visto obligadas a recurrir a la justicia para denunciar ante un tribunal el delito de odio del que supuestamente han sido víctimas por el acoso constante, los ataques, amenazas e insultos racistas que durante meses han estado sufriendo por parte de la hija de la que durante unos meses fuera su casera.

Las presionaba para que abandonaran la casa

Los hechos que ahora han sido juzgados en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia se remontan a junio de 2022, apenas seis meses después de su llegada. La pesadilla de estas mujeres comenzó tras contactar con una mujer que alquilaba un piso en Paterna. "Vimos un anuncio, llamamos y nos dijo que esa casa en cuestión no la podía alquilar porque tenía ocupas dentro, que los iba a echar en unos meses, pero que mientras tanto nos podía alquilar una habitación en su casa", narran.

Al no tener mejor alternativa, las amigas aceptaron la oferta y finalmente se instalaron en la capital de l'Horta Nord sin ser conscientes del calvario del que iban a ser víctimas. Al principio la convivencia fue pacífica y tranquila. Tanto es así que, tras quedarse una de ellas sin trabajo, la propia arrendataria le ofreció encargarse de sus cuidados y de las tareas de la casa a cambio de permanecer en la vivienda. Sin embargo, esta propuesta fue muy mal recibida por la hija de la casera, residente en otra vivienda del mismo rellano, quien comenzó una cruzada personal contra las inquilinas, a las que durante meses insultaba, perseguía y amenazaba para forzar a que abandonaran la casa de su madre.

Publicaba fotos de ellas ofreciendo "sus servicios"

Según los hechos que el Ministerio Fiscal denuncia, la acusada, condenada en marzo de 2022 a quince meses de prisión por un delito de acoso a estas mujeres y cumpliendo pena en prisión por otras causas judiciales, empezó a enviar desde su teléfono "constantes y muy numerosos" mensajes de WhatsApp al móvil de una de las afectadas durante los meses de junio, julio y noviembre de 2022 con contenido injurioso e intimidante "con ánimo de menospreciar y humillar" a las denunciantes "por la condición de extranjera de las perjudicadas".

Entre estos mensajes, según relató la principal afectada ante el tribunal, la acusada la atacaba con insultos descalificantes y racistas como "cerda", "ilegal", "puta", "usurpadora", "okupa ilegal", "guarras" o "mantenidas". Además, les introducía "panfletos" por debajo de la puerta con estos mismos insultos e incluso golpeaba la puerta y las paredes de su casa mientras gritaba que las iba a matar, aseguraron las mujeres en la Sala.

Las agresiones también se producían en plena calle, donde la encausada "nos perseguía, nos insultaba, gritaba que éramos unas ladronas y unas putas". "Nos hacía fotos y las publicaba en su estado de WhatsApp diciendo que tenía dos prostitutas para que vinieran a hacernos lo que quisieran. Incluso nos amenazó con que iba a mandar un sicario para matarnos si no nos íbamos del piso por las buenas", agregan las víctimas.

"No es justo que te reciban con tanta violencia"

Fruto del acoso incesante del que estaban siendo víctimas hasta enero de 2023, cuando finalmente abandonaron la habitación, las mujeres han sentido "miedo y estrés" e incluso una de ellas tuvo que recibir tratamiento psicológico al ser diagnosticada con una depresión. "Tenía pánico de encontrármela porque nos amenazó diciendo que nos iba a encontrar donde fuera y a los días apareció en mi trabajo", asegura Sandra, quien llegó a solicitar una orden de alejamiento y ahora reclama el pago de una indemnización en concepto de reparación del daño: "No es justo huir de tu país por la situación y que te reciban con tanta violencia".

Por su parte, el Ministerio Fiscal solicita para la acusada dos años de prisión por los hechos que se le atribuyen al ser constitutivos de un delito contra la integridad moral con la circunstancia agravante de comisión del delito por motivos de la etnia o nación a las que pertenecen las víctimas. Tras meses de juicios y varios aplazamientos, el caso ha quedado visto para sentencia. Así con todo, las afectadas tendrán que esperar (al menos) hasta septiembre para conocer la resolución del juez, cuando se retome el curso judicial.