Mercadona denuncia la venta de 26.000 kilos de pescado que debía destruirse

El Juzgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Marín (Galicia) investiga al menos a un empleado de una empresa de logística de transporte en frío con una sede en Bueu por la presunta falsificación de documentos para acreditar la destrucción de un total de 26.000 kilos de pescado congelado en mal estado. La mercancía era propiedad de Mercadona, que en febrero de 2024 interpuso una denuncia al tener sospechas de que no se había destruido y que se estaba intentando vender a terceros. En la nave que la compañía de logística tiene en Bueu aparecieron 60 paquetes de 400 gramos cada uno y en unas instalaciones del Grupo Almansa, en Madrid, aparecieron otros 500 kilos.

La investigación e instrucción se ha revelado a raíz de un recurso interpuesto por el investigado, que apeló ante la Audiencia de Pontevedra una diligencia del juzgado de Marín en la que autorizaba a la Guardia Civil a volcar y examinar los datos del teléfono móvil de esta persona. Un dispositivo que le fue incautado y precintado en el momento de su detención. La Audiencia en un auto firmado a principios de este verano y que se acaba de hacer público desestima ese recurso y autoriza a buscar pruebas en ese móvil.

El origen de este proceso se remonta al 1 de diciembre de 2023, cuando un camión de esta empresa con instalaciones en Bueu se vio involucrado en un accidente de tráfico a la altura de Valladolid. El vehículo transportaba 26.000 kilos de pescado congelado –filetes de merluza sin piel– con destino a Madrid y a consecuencia del siniestro se rompió la cadena de frío, por lo que esos lotes debían ser destruidos en prevención de un riesgo para la salud pública. Supuestamente esa eliminación tuvo lugar en una planta de compostaje de Lugo y se le entregó a Mercadona un certificado acreditativo.

Las sospechas de Mercadona y su denuncia ante la Guardia Civil

Sin embargo, la gran distribuidora valenciana a través de sus servicios jurídicos puso en conocimiento de la Guardia Civil que supuestamente esa mercancía siniestrada no se había eliminado en su totalidad y que podría haber intentos de venderla a terceros.

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El grupo Uprona, perteneciente al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Pontevedra, comenzó unas pesquisas que incluyeron el examen de documentación, declaración de investigados y testigos, así como la inspección de un almacén de frío de la empresa transportista en el polígono industrial de Castiñeiras, en Bueu. Supuestamente a esta nave fue trasladada la mercancía siniestrada y desde aquí debía salir para el lugar de su destrucción.

La Guardia Civil concluye tras esa primera investigación que «se desprende que se ha justificado falsamente la destrucción de la mercancía propiedad de Mercadona, mediante elaboración ad hoc de documentos facilitados al respecto de la prestación de servicios que no se habrían llevado a cabo, factura personal, eliminación de envases y traslado de la misma para destrucción, falsificando la trazabilidad, mediante al menos el etiquetado con la intervención de una mercantil desaparecida en 2021 y la marca de identificación sanitaria de un tercero de manera fraudulenta».

Los 60 paquetes hallados en Bueu: "Una cantidad insignificante, que responde a un despiste, a un resto desapercibido y olvidado", según el investigado

El auto de la Audiencia de Pontevedra recoge que durante la inspección en el almacén de frío situado en Bueu se hallaron 60 paquetes de ese pescado congelado, que en total equivalían a 24 kilos de producto. El investigado aseguró que «es una cantidad insignificante y responde a un despiste, a un resto desapercibido y olvidado». En el informe de la Guardia Civil también se recoge una comunicación realizada por responsables de la empresa de logística a algunos de sus clientes, en la que se advertía de que la «existencia de una investigación policial en curso en relación a mercancía supuestamente siniestrada, no guarda relación alguna con actividades comerciales irregulares». Una comunicación que alegan que «no constituye un indicio de criminalidad, sino que se dio [la explicación a los clientes] en un contexto en el cual las inspecciones realizadas por la Guardia Civil a las instalaciones de la empresa son poco habituales».

El investigado aportó en su defensa el testimonio de un representante de la planta de compostaje al que se trasladó esa mercancía de Mercadona, consistente en lomos y colas de merluza. Esa empresa solo puede recoger lodos urbanos y de industria agroalimentaria, así como mercancías en mal estado siempre que sean un lodo semipastoso. En ningún caso pueden ser animales ni piezas, ya sean enteras o por partes, ni con embalajes plásticos. El investigado asegura durante la fase de investigación que esa mercancía sí se «trataba de un lodo semipastoso al descongelarse el producto, mezclarse con su jugo y desembalarse».

Contradicciones con los responsables de su propia empresa

Una declaración que según el auto judicial entra en contradicción con lo que declaran responsables de su propia empresa: «Lodo no se lo pudo enseñar [al trabajador de la planta de compostaje], que ellos no tenían lodo, que es difícil o imposible que le enseñase lodo».

La investigación de la Guardia Civil y judicial detecta otra posible contradicción. El conductor del camión que transportó a Lugo la mercancía de Mercadona que debía ser destruida aseguró en su declaración que «lo que cargaron era muy poca cosa y después fueron a completar el viaje a la depuradora de Baiona [para llenar el camión]». En su declaración el chófer añadió que «dedujo que habrían metido unos 3.000 kilos» [el peso total de la mercancía original era de 26.000 kilos].

En las pesquisas realizadas tampoco existe constancia de qué cuadrilla de trabajadores realizó el desembalaje de los lotes de merluza y su posterior carga en el camión para su destrucción en Lugo. El investigado alega que «tuvo que recurrir a trabajadores no especializados», aunque el auto de la Audiencia de Pontevedra señala que «los agentes [de la Guardia Civil] recogen que a ellos les presentó una factura de cuadrilla de una empresa, que resultó corresponder a otros trabajos y realizados en fecha distinta».

Ese auto respalda la investigación del Xulgado de Marín y de la Guardia Civil. «La recurrente trata de desvirtuar unos indicios de criminalidad que, con el carácter provisorio propio de esta fase procesal, se encuentran fundamentados a lo largo del atestado y avalan las conclusiones de la fuerza instructora de que la mercancía no había sido destruida, al menos en su mayor parte, sino comercializada y la presunta falsedad de los documentos reflejarían una destrucción que no habría tenido lugar», afirman los magistrados de la Audiencia de Pontevedra.

El auto de la Audiencia de Pontevedra recoge otro hecho relevante. La Guardia Civil no solo halló en la nave de Bueu de la empresa logística 60 paquetes del pescado congelado que originalmente eran de Mercadona, sino que también había otros lotes supuestamente eliminados después de accidentes. «Además de esa mercancía siniestrada que motivó el inicio de la investigación, se intervinieron en el almacén otras mercancías que habían sido reclamadas a la aseguradora en otros siniestros, tras haber justificado su destrucción», afirma en base a la investigación del juzgado de Marín y Guardia Civil.

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Esa investigación se basa en presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. El investigado se oponía al registro de su móvil porque el argumento de los investigadores apuntaba en dirección a la prevención de un riesgo para la salud pública. Así se introducía «un objeto penal inexistente o excediendo el que se investiga», lo que podría suponer una investigación prospectiva. Un argumento que la Audiencia rechaza de plano: «El riesgo para la salud pública [...] es fundado y derivaría directamente de los hechos que se investigan, debiendo conformar incluso el objeto de la investigación, objeto que no se define por una calificación jurídica inicial y provisoria del hecho investigado, sino por el hecho en sí».

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