La Fiscalía pidió que fuera secreta la investigación judicial por la muerte de cinco mineros en Cerredo para evitar que los responsables escondiesen fondos

La Fiscalía instó a que se prolongase el secreto de las actuaciones judiciales tras el accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco mineros cuando presuntamente extraían carbón sin ningún permiso, para poder localizar los fondos económicos de los investigados así como de las empresas vinculadas a éstos, según señalaron fuentes del Ministerio Fiscal.

El juzgado de Cangas del Narcea ha levantado el secreto de las actuaciones, por lo que se conoce que están investigados por cinco homicidios imprudentes (los de los cinco trabajadores fallecidos) tanto el empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán (conocido como 'Chus Mirantes'), a su mujer (Ana María Rodríguez), al hijo de ambos (Adrián Rodríguez Rodríguez) y el ingeniero facultativo de la mina de Cerredo, José Antonio Fernández Casillas.

La jueza titular les atribuye además en la fase de instrucción cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores. Por ello, ha decretó el embargo de bienes y el bloqueo de cuentas de los cuatro investigados hasta sumar un valor de 1.150.000 euros, como medida cautelar. Esta fue una acción llevada a cabo a instancias de la Fiscalía.

Concretamente, el Ministerio Fiscal centró las investigaciones desde el inicio en tomar declaraciones para "comprobar en qué circunstancias se produjeron los hechos, quién o quiénes podían ser los responsables y qué medidas de seguridad se habían adoptado".

Tras esas primeras pesquisas, la Fiscalía llegó a la conclusión de que se trataba de "una actividad ilegal, de extracción de carbón sin autorización y, por lo tanto, carente de cobertura de seguros". Una de las principales preocupaciones para el Ministerio Fiscal fue "el cobro de las posibles responsabilidades civiles derivadas de los hechos por parte de las familias de las víctimas mortales y de los heridos".

Esa fue la razón por la que desde la Fiscalía "se instó al mantenimiento y prolongación del secreto de las actuaciones", con el objetivo de "localizar los bienes de los presuntos responsables y todas las sociedades supuestamente involucradas"-

Esas cantidades quedaron fijadas en 1.150.000 euros, como cuantía estimativa. Por esa razón, el pasado 9 de diciembre, el juzgado de Cangas del Narcea dictó un auto pidiendo el embargo de cuentas y bienes a los cuatro investigados por el accidente. "Se han llevado a cabo embargos de inmuebles, participaciones sociales y bloqueos de cuentas para asegurar el cobro de esas posibles responsabilidades civiles", indicaron fuentes de la Fiscalía.

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