Trump recortará dinero a todas las instituciones educativas que permitan “protestas ilegales”

Donald Trump ha anunciado que recortará los fondos federales para las instituciones educativas que permitan "protestas ilegales", una medida que afectará a escuelas, colegios y universidades y a proyectos de investigación, desde estudios médicos hasta tecnología.

Donald Trump ha anunciado que retirará toda financiación federal a instituciones educativas que permitan “protestas ilegales”. La declaración, desvelada por Axios, detalla sanciones específicas: estudiantes extranjeros enfrentarían deportación o encarcelamiento, los estadounidenses podrían ser expulsados o arrestados. También se prohibirían las mascarillas sanitarias durante las manifestaciones.

La ciencia llama a la resistencia ante Trump

Esta medida se basa en la Orden Ejecutiva 13987, firmada por Trump el 29 de enero de 2025 y publicada en el sitio web de la Casa Blanca. El documento, titulado “Medidas Adicionales para Combatir el Antisemitismo”, ordena al Departamento de Justicia priorizar la investigación de actos de hostigamiento contra estudiantes judíos y exige a las universidades denunciar actividades de alumnos internacionales que violen leyes migratorias. La orden también justifica su acción citando un supuesto aumento del 400% en “incidentes antisemitas” desde octubre de 2023, cifra apuntada por la Liga Antidifamación (ADL) y replicada por Fox News, una cadena afín al presidente.

La medida afectaría no solo a estudiantes, sino también a proyectos de investigación financiados con fondos federales, desde estudios médicos hasta tecnología.

El mes pasado, el Departamento de Educación inició investigaciones en cinco instituciones de educación superior "donde se ha denunciado un acoso antisemita generalizado".  Además, el Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo del Departamento de Justicia anunció la semana pasada que visitará 10 campus universitarios que han experimentado lo que llama “incidentes antisemitas” desde octubre de 2023.

La Universidad de Columbia en el punto de mira

El foco inmediato de esta política es la Universidad de Columbia, actualmente bajo escrutinio de tres agencias federales (Educación, Salud y Servicios Generales) por presuntamente no proteger a estudiantes judíos durante protestas contra la ocupación israelí de Gaza desarrolladas el año pasado. Según informa Fox News, la institución podría perder hasta 50 millones de dólares en contratos activos, parte de los 5.000 millones que recibe en fondos federales.

El impacto práctico podría extenderse más allá de lo ideológico. Columbia usa fondos federales para investigar desde tratamientos contra el cáncer hasta inteligencia artificial. Perderlos no solo afectaría su operatividad, sino que enviaría un mensaje intimidatorio a otras 4,700 universidades que reciben dinero público. Además, la prohibición de mascarillas revive debates de la era McCarthy, cuando grupos anticomunistas exigían identificar manifestantes.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, enfatizó que las instituciones que reciben fondos federales deben proteger a todos los estudiantes de la discriminación, cuestionando la idoneidad de Columbia para continuar su relación con el gobierno de los EE.UU. En respuesta, la Universidad de Columbia afirmó su compromiso de combatir el antisemitismo y garantizar la seguridad en el campus, mientras expresaba su disposición a trabajar con la administración federal en este tema.

Posibles acciones legales

Se prevén batallas legales por posibles violaciones a la Primera Enmienda (libertad de expresión), mientras el gobierno insiste en que “proteger a las minorías no es negociable”. Aunque el gobierno federal tiene amplia discrecionalidad para asignar fondos, la Corte Suprema ha limitado en el pasado condicionar apoyos económicos a criterios vagos.

En Rosenberger v. Rector (1995), por ejemplo, se falló que las universidades no pueden discriminar fondos por el contenido de expresión estudiantil. “El término ‘protesta ilegal’ es ambiguo. ¿Incluye ocupaciones pacíficas de edificios? ¿Cortar calles? Sin definiciones claras, esto podría usarse de manera arbitraria, señalan los expertos.

En el tablero político, Trump parece capitalizar un sentimiento de crisis. Su movimiento buscaría consolidar a su base antes de elecciones legislativas de noviembre de 2026, vinculando seguridad en los campus con narrativas más amplias sobre ley y orden, según analistas.