Mujeres menores, de 16 y 17 años, podrán abortar sin el permiso de sus progenitores y sin los tres días obligatorios de reflexión. La ley quiere facilitar y garantizar el derecho al aborto a nivel nacional. La inspección del sistema sanitario vigilará que puedan abortar en centros públicos y lo más cerca posible de su domicilio e incluirá una baja laboral. Se garantizará la objeción de conciencia y quien se declare objetor, lo será en la sanidad pública y privada. Los centros de salud y los de salud sexual y reproductiva podrán distribuir gratuitamente la píldora del día después y las píldoras anticonceptivas estarán cubiertas por la Seguridad Social. También se centra en la salud menstrual e incluye una baja específica para aquellas mujeres que sufran reglas dolorosas e incapacitantes, estará cubierta por el Estado y su duración será determinada por un médico. Y para acabar con la pobreza menstrual se repartirán gratuitamente productos menstruales en distintas instituciones.