La corporación municipal de Vila-real aprobó ayer --aunque solo con los votos de los ediles del PP-- la modificación de las condiciones contractuales de los cuatro préstamos suscritos con otras tantas entidades financieras que, en conjunto, suman los 20 millones que el Ayuntamiento está invirtiendo, en su mayor parte, en obras de la importancia de la nueva Biblioteca Central y la creación de la zona de ocio anexa a ella, la apertura de la avenida França, la urbanización del tramo urbano de la carretera de Onda, la adecuación del antiguo cuartel de la Guardia Civil como futura sede de la Policía Local.

El portavoz del grupo municipal popular y concejal de Hacienda, Ignasi Clausell, explicó que las modificaciones que hoy mismo se suscribirán con los bancos permiten retrasar el inicio del pago de las amortizaciones, de manera que empezarán a hacerse efectivas “en febrero o marzo del 2012”. El objetivo no es otro que evitar el pago que correspondía realizar por este concepto el próximo año --1,5 millones de euros--, “dadas las dificultades económicas por las que pasa el consistorio y la reducción de los ingresos durante los dos próximos ejercicios. Por ello, se ha creído conveniente retrasar el periodo de carencia de los préstamos y alargar el plazo de amortización”, de forma que la devolución de los créditos se completará entre el 2025 y el 2026.

HIPOTECA // Por su parte, desde los dos partidos en la oposición, tanto el PSPV-PSOE como el Bloc, justificaron su voto en contra de la propuesta de modificación en que esta acción supone “hipotecar” al municipio. “Esta medida deja a ciudad un endeudamiento histórico, con la deslealtad añadida de cargar en corporaciones futuras esa deuda”, afirmó el portavoz socialista, José Benlloch.

Por su parte, su homóloga nacionalista, Maria Gràcia Molés, acusó al equipo de gobierno de hacer, con esta, “una operación redonda para el PP pero muy mala para el pueblo”, por cuanto con ello, los populares “tiran balones fuera porque en mayo hay elecciones y el que venga detrás que se las arregle como pueda”.

Clausell aclaró que la operación permite aplazar al primer trimestre del 2012 el pago de los 1,5 millones de euros de la amortización correspondiente al 2011, así como otros 956.000 del 2012.

Además, recordó que el próximo ejercicio habrá una merma añadida de algo más de un millón de euros, que corresponde a los 580.000 euros que la ciudad tiene que devolver al Gobierno por el pago de más realizado en concepto de participación en tributos del Estado y “el medio millón que se abonará en facturas, a causa del incremento del IVA impuesto por el Ejecutivo central”.

Clausell aseveró que las negociaciones con las entidades financieras se le encomendaron al tesorero municipal. Mientras, desde la oposición indicaron que ello “no exime de su responsabilidad al equipo de gobierno”. H