Vila-real evaluará las deficiencias que se han generado en la obra del futuro Palau de Justícia de la ciudad, paralizado por segunda vez desde hace medio año, y exigirá a la Generalitat que se retomen los trabajos "de inmediato".

Esta fue ayer la decisión más importante de cuantas tomó la primera junta de gobierno del ejecutivo liderado por el socialista José Benlloch, en la que participaron la totalidad de miembros del cuatripartido formado por el PSPV-PSOE, Bloc, Iniciativa y EUPV. Precisamente, es del primer edil de quien ha surgido la propuesta "ante la posibilidad de que las obras puedan suponer un peligro para los vecinos".

"El estado de abandono del edificio hace que pueda resultar un riesgo, porque cualquiera puede acceder al recinto o, incluso, cabe la posibilidad de que caigan las vallas que rodean la obra", apuntó el portavoz de los socialistas, Javier Serralvo. Y es que, según se afirma desde el equipo de gobierno, "se tiene constancia de que algunos individuos han entrado en el interior de las instalaciones para sustraer material de obra".

La intención del Ayuntamiento es elaborar un informe en el que se recojan todas las deficiencias que se detecten y el peligro que pueda representar para vecinos y viandantes. Una vez este la información en manos del ejecutivo vila-realense, este se dirigirá a la Generalitat "la responsable del proyecto, para exigirle la inmediata culminación de las obras".

DOS PARALIZACIONES Desde que se iniciara la construcción del Palau de Justícia de Vila-real, en noviembre del 2008 --cuatro meses después de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, colocara la primera piedra--, han sido dos los momentos en los que, debido a problemas de financiación de la adjudicataria, los trabajos se han visto estancados en dos ocasiones: la primera, desde el verano del 2009 hasta abril del 2010 y, la segunda, desde el pasado diciembre hasta ahora.

En cualquier caso, y como ya avanzó este rotativo a finales del pasado mes de mayo, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas tramita la resolución del actual contrato y prevé licitarlo de nuevo a finales del verano, lo que supondrá un nuevo retraso en la ejecución del edificio.