El pleno del Ayuntamiento de Vila-real aprobó ayer, por unanimidad, la nueva ordenanza de convivencia ciudadana que introduce la novedad de prohibir expresamente “rebuscar, hurgar y extraer elementos de los contenedores por el interés de la salubridad y la seguridad pública”, y establece que los agentes de la autoridad informarán a los mendigos de los recursos sociales existentes. Tampoco está permitido “mantener relaciones sexuales con retribución en la vía pública ni ofrecerlas a menos de 200 metros de los centros educativos”.

El texto normativo también regula las peñas, la tenencia de animales, los ruidos y los bienes de dominio público, entre otros, y fija sanciones de hasta 3.000 euros, según si son leves, graves o muy graves. El edil de Participación Ciudadana, Xavi Ochando, señaló “el carácter pedagógico de la norma por encima del sancionador” y estableció un mes para presentar alegaciones y quejas.

Otro de los principales puntos fue la resolución definitiva del convenio con la empresa Azuvi y la desestimación de las alegaciones del PP. El alcalde, José Benlloch, se mostró “satisfecho por zanjar un conflicto que se arrastra desde hace más de cuatro años”. A este respecto, el concejal del PP Alfredo Sanz explicó que se abstuvieron porque “lo importante es que se cumpla el acuerdo en su totalidad”.

Por último, se desestimaron las 16 alegaciones presentadas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y se remitió al Consell. También se decidió no prologar el contrato del servicio público de abastecimiento de aguas potables con Facsa.