La denuncia presentada por el Ayuntamiento de Vila-real en el año 2011 por irregularidades en el método de recaudación de la Diputación mediante las entradas para las corridas de la Beneficencia se extiende ahora a la provincia. La Fiscalía de Castellón ha abierto una investigación del caso y está llamando a declarar como testigos a los alcaldes que recibieron entradas para los toros que “serán prácticamente todos los de la provincia”, según augura el primer edil de Vila-real, José Benlloch. Una afirmación que, sin embargo, no confirmaron desde la Fiscalía de Castellón.

Benlloch ya ha respondido esta semana ante el fiscal en la Ciudad de la Justicia de Castellón. “Me preguntó si en el Ayuntamiento de Vila-real se habían recibido las entradas, cómo se distribuyeron y si yo tenía conocimiento de que el Ayuntamiento quisiera participar de la manera de proceder de la Diputación”, explica. “Como no era alcalde cuando sucedieron los hechos, aporté el expediente de investigación que solicité cuando tome posesión de la alcaldía y descubrí el tema. En este se incluye la declaración del exalcalde, Juan José Rubert que decía que no sabía nada y la intervención en un pleno del portavoz del PP, Ignasi Clausell, asegurando que no colaboraban en las corridas de la Beneficencia”.

Tras la declaración, insiste Benlloch, está dispuesto a volver a declarar si el fiscal lo requiere.

SENTENCIA DEL TSJCV // La investigación de la Fiscalía se ha abierto a instancia de tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, a raíz de la sentencia del 22 de mayo del 2013 que falló a favor del Ayuntamiento de Vila-real en el contencioso por las entradas de toros de la Beneficencia.

En esta se reconocía la obligación de la Diputación de abonar al consistorio los 19.850 euros cobrados por unas entradas de toros de 2010 y 2011 que nunca llegaron a adquirirse y que fueron compensados, “de manera unilateral” de la recaudación de multas de Vila-real, así como los intereses legales y las costas.

Además, los magistrados consideraron que “causa verdadera perplejidad (…) que se argumente por la recurrida que su título de crédito se debía a solicitudes de entradas “de forma oral, sin contrato o convenio escrito”. H