Lo que hasta ahora el alcalde de Vila-real, José Benlloch, había planteado como una posibilidad, ya se ha hecho realidad. Y es que el Ayuntamiento ha interpuesto una demanda contra la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJ), en la que se reclama al Consell el pago de la deuda de 2,4 millones de euros que mantiene todavía con Vila-real por la construcción de la sede de la Biblioteca Universitària i del Coneixement --la de Pius XII--, después de que desde la Administración autonómica “no hayan respondido a los muchos requerimientos del consistorio para que se abone esa cantidad”.

Una deuda que, en principio, debería haber quedado finiquitada en el 2012, como se estableció en el convenio firmado por el exalcalde Juan José Rubert y el conseller de Cultura, Educación y Deportes, Alejandro Font de Mora. Un pacto que, como ayer explicó el alcalde Benlloch, “el Consell modificó de manera unilateral en el 2010 para establecer un nuevo plan de pagos sin ni siquiera comunicarlo al Ayuntamiento, lo que supone una infracción muy grave que al PP de Héctor Folgado no le preocupó, hasta el punto de que el anterior ejecutivo local ni siquiera requirió que la Generalitat asumiera su deuda con los vila-realenses”.

Aun así, y como explica Benlloch, “tres años después, el 23 de octubre del 2013, el Consell aprueba, también de manera unilateral, otro programa plurianual que pospone el abono del dinero de la nueva biblioteca hasta el 2021”. Un plazo de tiempo que desde el equipo de gobierno cuatripartito aseguran que no están dispuestos a esperar. De ahí la decisión de presentar ahora la demanda ante el TSJ. “Hemos estado siempre abiertos a dialogar sobre este tema, me he reunido varias veces con los consellers, presentamos un recurso ante la Generalitat contra el acuerdo unilateral que tomaron y ni siquiera han respondido, por lo que nos hemos visto abocados a acudir a la justicia para defender los intereses de los vila-realenses”.

El munícipe indica: “Solo se nos ha hecho un abono de 335.000 euros, pero igualmente exigimos los 2,4 millones”. Y lamenta que “los juzgados son lo único que entiende el PP, como quedó demostrado con el caso de las entradas de la Beneficiencia, en el que se nos dio la razón”, dice Benlloch.

EXCLUSIÓN // El primer edil vila-realense se muestra convencido de que en este asunto desde el Consell se ha actuado “de mala fe” y para “excluir a este Ayuntamiento de los Fondos de Liquidez Autonómica (FLA) aprobados por el Gobierno central”. “Si nos hubieran hecho caso, ahora esos 2,4 millones de la biblioteca los devolvería el Estado, pero parece que han hecho las cosas a propósito para que Vila-real no pueda entrar en ese programa y poder cobrar lo que se nos debe”.

Aun así, Benlloch asegura que pondrán en conocimiento del Gobierno central lo ocurrido y pedirán que se les “abone el dinero que adelantó el consistorio para el centro bibliotecario”. H