Los técnicos municipales, a los que ayer tomó declaración la jueza que instruye los diferentes procesos relacionados con la empresa Piaf, se ratificaron en los informes que realizaron en su momento y en los que se acreditaba que la mercantil no había realizado una serie de trabajos al final de la anterior legislatura por los que facturó al Ayuntamiento de Vila-real un total de 600.000 euros.

Una cantidad que el actual alcalde, José Benlloch, decretó que no se pagara, atendiendo a la documentación aportada por los funcionarios y avalada por el interventor municipal y por el secretario.

Y ayer, de nuevo, el personal municipal volvió a certificar lo dicho con anterioridad ante la magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón, en una vista en la que también comparecieron, entre otros, el perito de la empresa y el aparejador contratado por el consistorio para avalar que los trabajos de la nueva jefatura de la Policía Local no se habían finalizado, en contraposición a lo que se afirmaba desde la constructora.

En concreto, ayer se celebró la fase testifical de dos procedimientos, mediante los que la administradora concursal reclama al Ayuntamiento de Vila-real, por una parte, el pago de 35 facturas emitidas por Piaf en concepto de mantenimiento y por importe de unos 300.000 euros; y por otro lado, la 15ª certificación de obra de la nueva sede policial (con la que se finalizaba la rehabilitación del inmueble), por 290.000 euros.

AUSENCIA // Uno de los testigos que ayer, en principio, estaba llamado a declarar como tal era el exalcalde popular, Juan José Rubert, que fue quien firmó el endoso por el que un banco adelantó a Piaf los 600.000 euros que ahora la firma reclama al consistorio.

Sin embargo, Rubert no acudió al juzgado castellonense, pese a que la funcionaria sí que le llamó a comparecer. Y es que, según confirmaron desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, la parte que había reclamado la presencia del exmunícipe como testigo (algo a lo que desde el principio se opuso el Ayuntamiento, al considerar que no era tal, sino que era parte implicada) renunció finalmente a la testifical del exalcalde Rubert. Sin embargo, el portavoz del equipo de gobierno, Javier Serralvo, criticó esta ausencia, que calificó de “insulto a los vila-realenses”.

Según ha podido saber este rotativo, quienes ahora dirigen los designios de la mercantil reclaman los 600.000 euros que el consistorio decidió no pagar por tratarse de facturas de trabajos no realizados, por cuanto el banco que adelantó el dinero con el endoso firmado por Rubert es también parte acreedora en el proceso concursal. Así, “el administrador busca que la jueza dé por válidas estas facturas para que no se deba devolver a la entidad financiera la cantidad”. H