La Generalitat, a través de la Conselleria de Gobernación, sigue sin pronunciarse sobre la licencia de actividad para la Ciutat Esportiva Municipal (CEM) de Vila-real, que abrió sus puertas hace ya nueve meses, en septiembre del 2016. Un hecho que a su vez impide sacar a licitación la cafetería ubicada en el recinto ubicado junto a la avenida Alemanya, una prestación que reclaman de forma constante quienes hacen uso de estas instalaciones, que desde su puesta en marcha dan servicio a unos 2.500 usuarios, entre entrenamientos y partidos oficiales de los clubs de fútbol y las competiciones de las ligas locales.

Esta necesidad se ha hecho evidente de una manera especial en las últimas semanas a causa de la ola de calor, y ayer salió a colación en el apartado de ruegos y preguntas del pleno ordinario de junio, cuando el concejal popular Carlos Gil pidió una respuesta al porqué el bar del CEM seguía sin estar operativo.

Al respecto, el concejal de Territorio, Emilio Obiol, reconoció «no tener noticias» de los responsables autonómicos desde el pasado mes de febrero, aunque aseguró que la Conselleria en cuestión está «bajo mínimos». Sin embargo, aseguró que tendrán «que ejercer algún tipo de presión», con la finalidad de acelerar la tramitación de una licencia que hasta que no sea una realidad impide sacar a licitación el local de la Ciutat Esportiva Municipal, para el que el edil Obiol aseguró a Mediterráneo «que ya está muy adelantado» el pliego de condiciones que regirá la concesión de este servicio público.

TRATO JUSTO

En la sesión plenaria salió adelante la moción presentada por Compromís, a la que se sumó el PSPV-PSOE, para reclamar una mejor financiación para la Comunitat y un «trato justo» para los valencianos, como explicó el portavoz de la formación nacionalista, Xavier Ochando.

Solo socialistas y Compromís apoyaron la propuesta, mientras que los ediles de Ciudadanos se abstuvieron y los del PP votaron en contra, alegando que «parece una broma que los corresponsables de esa financiación vengan ahora a dar lecciones», afirmó Folgado, al recordar que el actual modelo se aprobó durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en el 2009.

El pleno también avaló la resolución de las alegaciones al PAI de la unidad de ejecución ubicada junto al centro de alzhéimer, que permite acometer el deslinde de las parcelas del mismo.