El Ayuntamiento ha dictado una orden de ejecución que obliga a derribar cuatro casas de la calle Vicente Sanchiz, ubicadas en torno al número 58 de esta céntrica vía urbana --antigua carretera N-340--, como consecuencia del estado de ruina en el que se encuentran. De hecho, y como resultado del último episodio de lluvias del invierno, se desprendieron parte del techado y los voladizos de dos de estos inmuebles, pero sin daños personales.

Una orden de ejecución de derribo que, según indica a Mediterráneo el concejal de Territorio, Emilio Obiol, ya ha sido posible trasladar al actual propietario, el Banco de Castilla-La Mancha, pese a que los trámites para derruir estos edificios arrancó en el 2012. «Ha sido un proceso extremadamente largo, ya que estas casas pertenecían a una empresa que tenía previsto construir un bloque de viviendas, un proyecto que se abortó a causa de la crisis inmobiliaria», afirma Obiol.

La tramitación se ha dilatado en el tiempo como consecuencia de las transacciones bancarias de las propiedades en cuestión, hasta que el consistorio ha logrado trasladar la resolución a la entidad financiera dueña de los inmuebles que, como asegura el edil de Territorio, «asume su obligación con una demolición que dejará un solar de 644 m2 de superficie, con un volumen de derribo de 2.208 m3 y que tiene un coste de 34.711 euros».

PLAZOS // El concejal Obiol explica a este rotativo que, a partir de este momento y tras la notificación oficial, el banco tiene un plazo de seis meses para iniciar unas obras que podrían estar concluidas en torno al mes de octubre próximo y con las que «se eliminará un problema de seguridad para los vecinos, a la vez que un punto con una imagen nada estética», puntualizó el edil.

En cualquier caso, el máximo responsable vila-realense en materia de urbanismo asegura que «no existe en estas construcciones ningún material que requiera una gestión especial --en referencia a piezas que contengan amianto--, por lo que, en principio, los trabajos no tienen porqué alargarse en exceso».

En más de una ocasión, Obiol se ha referido a las dificultades del Ayuntamiento para encontrar a los bancos que finalmente se convirtieron en dueños de fincas urbanas tras la crisis inmobiliaria. «En unos casos, ni siquiera existen ya, lo que complica más las gestiones», informa el concejal, quien asevera que «en esta ocasión ha habido suerte».