El que estaba llamado a ser, hace tan solo una década, el solar en el que tenían que construirse edificios singulares en la zona sur de la ciudad, a modo de rascacielos o torres similares que tenían que marcar el skyline de Vila-real, y ser un referente de la arquitectura urbana, se ha convertido a día de hoy en un aparcamiento improvisado de camiones, utilizado de manera especial por flotas de vehículos pesados de algunas empresas de transporte internacional radicadas en otros países.

Desde hace semanas es habitual ver, en ocasiones, decenas de camiones estacionados en este recinto, esperando realizar la carga correspondiente del material a exportar. Y es que este espacio está pavimentado en buena parte, al aprovecharse el suelo existente cuando todavía estaba en pie el edificio de la antigua empresa Fritta, antes de su derribo, en marzo del 2012, asumido de forma subsidiaria por el Ayuntamiento al declarar el inmueble en situación de ruina.

Unos terrenos que, hoy por hoy, siguen siendo un auténtico quebradero de cabeza para el equipo de gobierno, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tumbara el plan planteado y aprobado por el consistorio liderado por el exalcalde del PP Juan José Rubert, para urbanizar esta zona, para lo que se modificó el uso del suelo de urbano industrial a residencial.

AMENAZA //

Un quebradero de cabeza que se traduce en una amenaza, todavía existente y pendiente de lo que digan los tribunales, de otros 14 millones de euros, que es la cantidad que reclama el Banco Santander que, en la actualidad, es el propietario de unos terrenos que siguen siendo industriales y que, por tanto, no tienen el mismo valor del que tendrían como residenciales.

En cualquier caso, este uso improvisado que hacen los camioneros de esta amplia parcela no incomoda al Gobierno local. Y es que fuentes municipales aseguran que, a falta de avanzar en hacer realidad el proyecto de párking controlado para vehículos pesados, este solar se presenta como una opción más para evitar que estos camiones ocupen la vía pública, especialmente avenidas de tamaño medio o grande, como las de Europa, França, Alemanya o Bèlgica. Un estacionamiento en calles que, por otra parte, está prohibido para todo tipo de vehículos de gran tonejale.

En cuanto a los terrenos, el programa que se aprobó en la última legislatura de ejecutivo local del PP y que el TSJCV anuló, preveía la construcción de un rascacielos de 20 alturas, en una parte del terreno que, representando el 14% de la superficie, concentraba el 31% de la edificabilidad.