Enrique tiene 55 años y Susana, 43. Son padres de tres hijos de 21, 20 y 19 años y abuelos de un pequeño de dos años, al que en unos cuatro meses se sumará un segundo niño. Él trabajaba en el reparto de pan por distintos municipios --se levantaba a diario a las tres de la madrugada-- hasta que la enfermedad le impidió seguir con su empleo porque, como consecuencia de un ictus, suele perder la memoria e, incluso, se extravía.
Por el momento, recibe una pequeña paga de 236 euros, a los que se suman los 250 que cobra su mujer de ayuda familiar y «que pronto se acabará», afirma Susana. Unas cantidades que les impiden no solo alquilar un piso para vivir, sino que no les llega ni siquiera para comer durante todo el mes. Desde el primer momento cuentan con la ayuda de Cáritas.
Con todo, sobreviven, que no es poco. Pero ahora les llega otro gran mazazo, ya que hoy mismo, a las 11.00 horas, se completa el desahucio del piso en el que residen, en la calle Santa Caterina, después de que ayer el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vila-real les denegara el aplazamiento del desahucio tras presentar la documentación que acredita la enfermedad de Enrique y la evidente falta de recursos económicos básicos.
SIN OPCIÓN A ALQUILER SOCIAL
Una decisión que se suma a la que tomó la Unión de Créditos Inmobiliarios, que gestiona viviendas del banco propietario del inmueble, en el sentido de negarles la posibilidad de acceder a un alquiler social, según indican a Mediterráneo fuentes de Cáritas de Vila-real.
«Me gustaría que vinieran los del banco y vieran que hemos convertido lo que estaba hecho un desastre cuando entramos hace casi cuatro años en un sitio para vivir dignamente, de manera que nos permitan residir aquí con un alquiler que pudiéramos asumir», explica Enrique, quien reconoce que accedieron al piso como okupas, aunque matiza: «No queremos vivir como ilegales y presentamos todos los papeles para regularizar nuestra situación».
