El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vila-real ha decidido aplazar al 23 de enero la declaración de los propietarios de varios de los locales de la zona conocida como de las tascas, prevista para ayer jueves.

Una declaración que es fruto de la admisión a trámite de la querella criminal presentada por ocho vecinos --dos de ellos menores de edad-- de la calle Pare Molina, contra cuatro de los establecimientos de restauración emplazados en ese área que pretenden convertir en espacio de tradición gastronómica, así como también contra el alcalde, José Benlloch, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Gómez.

Paralelamente, los hosteleros han mostrado su malestar con el Ayuntamiento de Vila-real por el que, aseguran, es un «trato discriminatorio en comparativa con cualquier otro local de restauración de la ciudad». Y es que, afirman, cada tarde que se abren al público estos locales, el consistorio destina un agente de la Policía Local para la vigilancia de esta zona. Para los restauradores, no es justa esa «constente presencia policial, haya o no clientes, con la calle sin luces de Navidad y viendo otros establecimientos donde la presencia de la autoridad no es fija», dicen.

De hecho, incluso se plantean acudir a la vía judicial si no cesa lo que consideran «acoso y exceso de celo» a la hora de vigilar el área de Pare Molina, «cuando en otras calles no ocurre lo mismo». «Hasta ahora siempre hemos trabajado en plena colaboración con el Ayuntamiento, con el objetivo de impulsar una regulación de esta actividad, pero que tengamos siempre un policía controlando no es normal», lamentan desde la Asociación Gastronómica Pare Molina y Adyacentes.

En este sentido, los dueños de los distintos espacios de restauración defienden la necesidad de regular cuanto antes la actividad de tardeo que desde hace un par de años se ha consolidado en esta céntrica vía urbana.

FIRMAS // Y es que son muchos los clientes que han plasmado su apoyo al mantenimiento y ordenación de estos negocios. En concreto, la campaña iniciada hace un mes para solicitar a los vecinos su amparo ha conseguido alcanzar las 5.000 firmas necesarias en un principio para poder convertir la propuesta en una iniciativa popular que deberá ser debatida durante una de las sesiones del pleno municipal.

Al respecto, y según ha podido saber Mediterráneo, el pasado fin de semana y coincidiendo con la celebración de la Fira de Santa Caterina, los establecimientos de restauración de la calle Molina consiguieron reunir 500 apoyos, una cifra que para los hosteleros es «espectacular».