Las alegaciones presentadas por los sindicatos USO y SPPLB a dos expedientes de suplemento de crédito aprobados provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento de Vila-real, ha mantenido bloqueada la ejecución de 1,5 millones de euros de dos partidas, una de las cuales, por importe de medio millón, es la necesaria para financiar el plan Renaixement, que cuenta con el apoyo unánime de todos los grupos políticos con representación municipal, y que se destina a sufragar las ayudas a colectivos comerciales y sociales para mitigar los efectos de la pandemia originada por el coronavirus.

Con todo, y según explicó ayer a Mediterráneo el alcalde, José Benlloch, la corporación municipal tiene previsto desestimar en su sesión plenaria de hoy --la ordinaria del mes de julio-- las alegaciones de ambos sindicatos, lo que permitirá aprobar de manera definitiva los expedientes de crédito que, entre otras cosas, darán vía libre a la concesión de subvenciones y realización de acciones para revitalizar la economía local.

Asimismo, los alegatos sindicales también han frenado durante dos semanas una partida de algo más de 700.000 euros para hacer frente a parte de los gastos derivados de las acciones que el consistorio ha tenido que acometer a causa de la pandemia, como la adaptación de puertas en el ayuntamiento, la desinfección de edificios y espacios públicos o la adquisición de mascarillas. Y también otros 970.000 euros destinados a abonar ayudas a oenegés, los excesos de medición de las obras de mejora en polígonos industriales, la adecuación de las plataformas virtuales municipales o el autobús urbano, entre otros.

Benlloch indicó que los expedientes tienen por objetivo «intentar reestructurar el presupuesto municipal, aprobado el pasado mes de diciembre, para dar respuesta al impacto que ha tenido el coronavirus en las cuentas locales.

SUBIDA SALARIAL // Precisamente, las alegaciones formuladas por USO y SPPLB --que no han secundado otros sindicatos como CCOO, UGT, CSIF o Sipol-- se basan en que el Ayuntamiento tiene que asumir el incremento salarial del 2% aprobado en febrero por el Gobierno central para los funcionarios municipales. Un aumento que supondrá un gasto extra para las arcas municipales que los técnicos cifran en 359.052 euros hasta el mes de marzo y del que Benlloch señaló que «no se contempló en el presupuesto del 2020, porque este se aprobó en diciembre».

Al respecto, el primer edil vila-realense destacó que el decreto aprobado por el Ejecutivo permite a los consistorios aplicar la mejora «en el momento en que se pueda y de manera retroactiva».

Además, Benlloch reiteró las dificultades que también supone el hecho de que antes de finalizar el año se tenga que abonar algo más de medio millón de euros por otros tres expedientes urbanísticos de losaños 1995, 2002 y 2005.