El Ayuntamiento de Vila-real completó ayer el derribo de las casas habitadas por okupas y que se encontraban dentro de los terrenos afectados por la construcción de la ronda suroeste, cuyas obras siguen en marcha y que suponen una inversión por parte de la Generalitat de 7,8 millones.
Concretamente, a lo largo de la mañana se ejecutó el auto emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Castelló para que los ocupantes de un maset en el cruce del camino Betxí con la futura ronda desalojaran el mismo y retiraran sus pertenencias, con el control de agentes de la Policía Local. Inmediatamente después de cumplirse este requisito, una retroexcavadora se encargó de derruir el inmueble, con el objetivo de evitar una nueva ocupación y, al mismo, tiempo, permitir completar los trabajos que afectan a esta superficie.
Según consta en el auto judicial al que ha tenido acceso Mediterráneo, el magistrado autoriza expresamente al Ayuntamiento de Vila-real a entrar en las viviendas existentes en parcelas que en su día el municipio expropió para ejecutar la circunvalación oeste, ubicadas en los caminos Betxí y Sedenyet del Carmen.
Al respecto, el concejal de Territorio de Vila-real, Emilio Obiol, a preguntas de este periódico, incidió ayer en el complejo proceso que ha tenido que llevar a cabo el consistorio, de manera especial, para desalojar al ocupante de la vivienda del camino Betxí, ya que el del Sedenyet del Carmen y el que tiempo atrás estaba en una alquería del camino Artana decidieron abandonar los inmuebles tras los requerimientos municipales.
«Esta ha sido una situación de contratiempo, aunque las obras de la ronda continúan ejecutándose al ritmo previsto, de manera que se prevé que finalicen entre mayo y junio del próximo año», señaló el edil, quien hizo hincapié en la importancia de esta circunvalación para la ciudad.
En cualquier caso, y pese a que las tres construcciones se han decidido derruir para evitar nuevas ocupaciones de las mismas, el ejecutivo local encabezado por el alcalde, José Benlloch, apuesta por conservar una pequeña «pero representativa» alquería rural, que se emplazará en la rotonda que regulará el tráfico entre el camino Carretera y la propia ronda.
La problemática de los okupas en edificaciones afectadas por esta vía que evitará el tráfico pesado por el casco urbano de Vila-real se inició poco después de procederse a la expropiación de los terrenos necesarios para el vial, hace más de una década. Ahora se cierra un capítulo con el que se despeja cualquier obstáculo para concluir las obras de esta carretera.
