El juicio para dilucidar si el exalcalde de Vila-real, Juan José Rubert, cometió los delitos de prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental acaba de arrancar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, en Castelló.

Junto a Rubert también se sientan en el banquillo el que fuera su concejal de Servicios Públicos, Ramón Tomás; un técnico municipal y cinco personas vinculadas a la empresa Piaf. Durante la jornada de este jueves declaran cuatro responsables de la firma investigada.

De esta forma, se cerrará un proceso que ha durado una década, pero se abre otro (el del propio juicio) que podría alargarse durante meses, en el caso de que las defensas o la acusación opten por recurrir la sentencia que emita la Audiencia. Además de los procesados, prestarán declaración otras 34 personas en calidad de testigos, entre las que están incluidos varios funcionarios del consistorio, así como ediles populares que compartieron mandato con Rubert.

Lo que ahora juzgarán es si el exalcalde popular y los otros siete acusados cometieron o no los presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude de los que se les acusa. Unos hechos para los que la Fiscalía de Castellón mantiene su petición del archivo del caso, pese a reconocer en su día que se produjeron irregularidades, aunque estas no causaron perjuicio al Ayuntamiento, después de que, casi un año después de que asumiera la alcaldía el socialista José Benlloch, este anulara el pago de facturas emitidas por la mercantil Piaf, que sumaban unos 600.000 euros y que correspondían a trabajos que, como confirmaron en sede judicial los técnicos del Ayuntamiento, no se ejecutaron.

Con todo, la acusación particular que ejerce el propio Ayuntamiento de Vila-real solicita hasta nueve años y 10 meses de prisión para Rubert y Tomás, además de la inhabilitación por un máximo de 26 años para ejercer un cargo público, así como una indemnización a la ciudad.