La primera de las sesiones del juicio que arrancó ayer en la Audiencia Provincial de Castellón para dilucidar si hubo o no prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental en la relación contractual del Ayuntamiento de Vila-real con la empresa Piaf --entre los años 2006 y 2012-- finalizó con la declaración de los cuatro acusados vinculados a la firma.
Las defensas de los siete procesados por este asunto --entre los que se incluyen el exalcalde popular Juan José Rubert; y el que fuera su concejal de Servicios Públicos, Ramón Tomás-- coincidieron a calificar de «político» el interés del actual munícipe, José Benlloch, así como también del PSPV-PSOE, en que se lleve a cabo este procedimiento judicial que, como indicó uno de los letrados defensores «solo tiene una finalidad, que es la de que estén presentes los medios de comunicación para hacer política por parte del alcalde (Benlloch)».
Los cuatro primeros acusados que prestaron declaración --Alejandro Pons, Miguel Lobo, Francisco Vicente Belenguer y Antonio Pons--, únicamente respondieron a las preguntas de sus abogados y, en algunos casos, a las formuladas por el Ministerio Fiscal. Todos ellos se negaron a contestar a las cuestiones que se les pretendían plantear desde la acusación particular, representada por la abogada del Ayuntamiento, que mantiene la petición de casi 10 años de cárcel para Rubert y Tomás.
En el arranque de la vista, los letrados que representan a Rubert y a Tomás se refirieron a las «cientos de facturas» pagadas por la actual corporación «con notas de reparo del Intervención». Una práctica por la que, aseguraron, ahora se quiere condenar a ambos procesados. De hecho, se admitió como prueba la relación de estos abonos, desde el 2012 al 2019, pese a que se juzga el período 2006-2012.
En cualquier caso, la presidenta del tribunal no dudó en recriminar la «tardanza» del consistorio de Vila-real en remitir esta relación de facturas con reparo, que tenía como hora máxima para su entrada en registro las 12.00 horas. En este sentido, José Antonio Casañ, abogado del técnico municipal encausado, Miguel Ángel Zorilla, insistió ante los medios de comunicación que «también hay ahora reparos de Intervención y no por ello se trata de delitos».
INTERVENCIONES // Los cuatro acusados vinculados a Piaf negaron ser autores de cualquier acción ilícita en la realización de obras para el consistorio vila-realense. Así, Lobo aseveró no haber participado en la prórroga de los contratos de mantenimiento de edificios públicos de forma irregular. Entre tanto, Belenguer insistió en que no intervino en contrataciones de obras y aseguró que «del trato con el Ayuntamiento se encargaba el departamento comercial».
Por su parte, los hermanos Alejandro y Antonio Pons también se desvincularon del proceso de facturación. Incluso el segundo de ellos recordó que la relación contractual con el consistorio de Vila-real arrancó en 1990, con el socialista Enrique Ayet como alcalde.
Asimismo, todos se desligaron del endoso de facturas que, días antes de abandonar la alcaldía, firmó Rubert para avalar facturas por importe de 600.000 euros.
La de ayer fue la primera de las ocho sesiones previstas en el juicio por el ‘caso Piaf’ que se desarrolla en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón y que se alargará hasta finales de mes. En concreto, el próximo lunes están llamados a declarar el exalcalde popular de Vila-real, Juan José Rubert; el que fuera concejal de Servicios Públicos, Ramón Tomás; y el técnico que en la última legislatura del PP ocupaba el cargo de jefe del departamento que encabezada Tomás, Miguel Ángel Zorrilla.
Las sesiones continuarán los días 12, 14, 15, 21, 22 y 20 con la declaración de funcionarios municipales como testigos.
