La segunda de las ocho sesiones para dictaminar si hubo delito o no en el contrato de mantenimiento de edificios públicos que mantenía el Ayuntamiento de Vila-real con la empresa Piaf entre el 2006 y el 2012 dejó este lunes uno de los momentos más importantes de este serial judicial: la declaración del exalcalde Juan José Rubert (PP) y el concejal de Servicios Públicos de su equipo de gobierno, Ramón Tomás, a los que la acusación particular les pide nueve años y diez meses de cárcel para cada uno por una supuesta prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental. Los dos, que respondieron únicamente a las preguntas del fiscal y su defensa, negaron taxativamente los hechos.

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«Yo no he firmado ninguna factura ni he ordenado pagar nada a Piaf». Así de rotundo se mostró el ex primer edil, que insistió en que él, como munícipe, «no tenía capacidad» para exigir un abono a una empresa. «Piaf era simplemente una de las muchas empresas que tenía contratos con el Ayuntamiento, una más», dijo.

Rubert explicó que el polémico contrato con la mercantil fue adjudicado a finales del 2006, antes de que asumiera el cargo de alcalde (lo hizo a principios del 2007), por lo que defendió que «no» participó. Entre otros trabajos bajo lupa está la remodelación del trinquete municipal (con cubierta nueva incluida), de la que se desmarcó, ya que alegó que, cuando decidieron acometer la obra y empezaron los trabajos, él todavía no ostentaba la vara de mando de la ciudad.

Tomas de razón, no endosos

Durante su alegato, el exalcalde también se desligó claramente del endoso de las facturas con las cantidades reclamadas por Piaf, ya que, de entrada, matizó que un endoso es «un negocio jurídico entre una empresa y un banco» que sirve para notificar a la Administración pública de que ha ejecutado el endoso y el Ayuntamiento no entra ahí. «Yo no he firmado ningún endoso, solo tomas de razón. Y esa rúbrica no implica que se tenga que pagar nada. A mí se me pasa el documento cuando ya está estampada la firma del secretario y también aparecen la del interventor y el tesorero», esgrimió.

Ataque político

El que también rehuyó de los endosos fue Tomás. «No sé nada, eran obras que yo no las mandé, eran de otras personas», afirmó. Sobre todo, criticó el objetivo de la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento y que ayer aún intentó, sin éxito, aportar nueva documentación al caso. «Lo que buscan es destruir al enemigo. Es que no sé por qué estoy acusado... Espero que no nos veamos más en los juicios si no, no sé cómo vamos a acabar», apuntó. Y subrayó que lleva más de 10 años aguantando este proceso, por el que ahora está sentado en el banquillo.

Ramón Tomás (derecha) sale de los juzgados de Castelló tras prestar declaración, este lunes.

También prestó declaración el funcionario y jefe del departamento municipal de Obras y Servicios durante esa época, Miguel Ángel Zorrilla, quien igualmente dejó claro su mensaje: «Soy un técnico, me reúno con técnicos y superviso cuestiones técnicas. Lo demás no tiene que ver conmigo».

Este martes seguirá el juicio, que continuará hasta el 28 de enero, con la declaración de los testigos, entre ellos, el edil de Hacienda del ejecutivo de Rubert, Ignasi Clausell, y otros funcionarios, como el interventor y el secretario.

La fiscalía pide la absolución de los acusados

Mientras la acusación particular, que representa al Ayuntamiento de Vila-real, pide nueve años y diez meses de cárcel para Rubert y Tomás, además de una inhabilitación durante 26 años para ocupar un cargo público y una indemnización a la ciudad, la Fiscalía cree que los hechos «no son constitutivos de delito» y en ellos no aprecia «responsabilidad criminal». Así, aunque detecta «irregularidades» en la contabilidad municipal entre 2006 y 2012, el Ministerio Público pide «la libre absolución de los acusados», ya que considera que las arcas municipales no sufrieron ningún perjuicio económico, pues las facturas no llegaron a pagarse.