La magistrada Eloísa Gómez dejó ayer, tras ocho sesiones, visto para sentencia el juicio del caso Piaf. Las defensas del exalcalde de Vila-real Juan José Rubert, el exconcejal de Obras y Servicios Públicos Ramón Tomás y el técnico municipal Miguel Ángel Zorrilla negaron rotundamente la comisión de ningún delito por parte de sus clientes y apuntaron hacia la figura del actual alcalde, José Benlloch, por la politización del caso.

La letrada de Rubert remarcó que el uso partidista de las facturas está «más que demostrado» y reprochó que «imputar a alguien por algo que tú estás haciendo (alegaron que, a fecha de 7 de enero del 2021, el actual equipo de gobierno tenía 119 notas de reparo) es de una esquizofrenia absoluta».

El abogado de Tomás lamentó el «constante acoso y derribo» contra su representado durante años y subrayó el daño moral «perjudicial e irreparable» que le ha supuesto. «Esto se le ha ido de las manos al alcalde acusador (aludiendo a Benlloch), todo esto es una gran maquinación defraudatoria inventada por él a través de su patrocinada prensa para acabar con el adversario político», aseveró.

La defensa de Zorrilla recriminó el exceso de «ruido» y «estridencias» a nivel mediático cuando «no ha habido perjuicio alguno para las arcas del Ayuntamiento».