Exactamente 2.595.614 euros. Es el impacto que anunció ayer el alcalde de Vila-real, José Benlloch, que tendrán las últimas resoluciones y sentencias urbanísticas derivadas de la gestión del Partido Popular. Una cantidad que deberá contemplarse en las nuevas cuentas del 2021 y que obligará al Ayuntamiento a recurrir a un préstamo para «poder garantizar que hay recursos para las necesidades del momento» y para «no perder oportunidades que nos puedan llegar en el futuro», como dijo el también edil de Hacienda.

Según Benlloch, desde que en diciembre presentó el proyecto de presupuestos para este año, han llegado un total de 10 resoluciones del Jurado de Expropiación y 4 sentencias firmes del Tribunal Supremo. Las primeras corresponden a reclamaciones de propietarios por terrenos y aprovechamientos urbanísticos que tenían en los años 90 y 2000, durante la etapa del PP, y que ascienden a 11,4 millones, una cantidad que «si tuviéramos que pagarla toda ahora, nos llevaría a la quiebra».

No en vano, solo incluirán en las cuentas de este año 421.827 euros correspondientes a tres de las 10 resoluciones: la apertura de un tramo del Camí les Voltes, calle Río Palancia (prolongación de la calle Pobla Tornesa) y la urbanización del jardín situado entre las calles Furs de València y Molí. Las otras siete las recurrirán para intentar «pagar lo mínimo».

En cuanto a las sentencias, deberán hacer frente a cuatro fallos del Supremo, por valor de 2,1 millones, por el aparcamiento situado entre la calle Joanot Martorell y las avenidas Mediterrani y Francia; la apertura de las calles Benicarló e Illes Columbretes y la plaza Mercè Rodoreda; y otras dos sentencias de propietarios que recurrieron la valoración de las expropiaciones por la ronda suroeste.

3,6 MILLONES MÁS DE LO PREVISTO / A esos 2,6 millones fruto de «los empastres e ilegalidades» de los populares, hay que sumar, recuerda Benlloch, el «incremento del 0,9% en la nómina de los funcionarios y al pago de las horas extra pendientes del 2020», lo que hace que el presupuesto pase de «los 47,7 millones previstos a 51,3 al final».

Aunque contemplaban unas cuentas sin ningún crédito, insiste en que «no hay otra opción». «El Ayuntamiento no dispone de ingresos suficientes, por lo que el urbanismo del PP se pagará a través de un préstamo», concluyó.