El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado que el Ayuntamiento de Vila-real no recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por los magistrados de la Audiencia Provincial de Castellón relativa al conocido como caso Piaf, en la que se condena al exalcalde popular Juan José Rubert; al que fuera su concejal de Servicios Públicos, Ramón Tomás, a ocho años y medio y siete años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por un delito de prevaricación continuada. El fallo también condena a otros ocho años y seis meses al empresario Antonio Pons, vinculado a la empresa Piaf.
Una sentencia que, al mismo tiempo, absuelve a Rubert y Tomás de otros delitos como los de falsedad documental o malversación de fondos públicos.
Al respecto, Benlloch asegura sentirse "satisfecho" por el fallo de la Audiencia Provincial, por cuanto considera que valida los argumentos defendidos por el Ayuntamiento en cuanto a la falsedad de varias de las facturas que, en parte, formaban parte de los endosos firmados por el exmunícipe Rubert que permitieron que un banco adelantara 600.000 euros a Piaf, "por trabajos que ha quedado acreditado que no se realizaron", y que ahora pretende la entidad financiera que el consistorio se los abone.
Precisamente, el alcalde considera que el fallo de la Audiencia ha generado una serie de "pruebas preconstituidas" que servirán para defender los intereses del consistorio vila-realense en los siete juicios que se prevé que se retomarán una vez la mencionada sentencia sea firme. Aun así, habrá que esperar a corroborar si los condenados presentan recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que alargaría el proceso, al menos, otro año más.
Asimismo, Benlloch ha adelantado que se valorará la presentación de una posible demanda de responsabilidad civil -que afectaría a Rubert, Tomás y la firma implicada-, tras realizar algún tipo de prueba para determinar si el hecho de no licitar las obras del trinquete y de la reforma de la segunda planta del ayuntamiento, en las que se invirtieron 521.400 y 166.814 euros, supuso un perjuicio económico para el consistorio.
En ese mismo sentido, el primer edil vila-realense asevera que si, finalmente, el Ayuntamiento se ve obligado a pagar cantidades de dinero como resultado de alguno de los juicios pendientes, aunque confía en que ello no se producirá, "también podría abrirse la vía de exigir responsabilidades civiles, ya que la penal queda descartada porque los hechos ya han sido juzgados".
"Ahora mismo, la prioridad absoluta es defender los intereses de la ciudad ante el Tribunal Supremo, si los condenados presentan recurso de casación, así como también en los siete procesos que están pendientes de abrirse en cuanto la sentencia de la Audiencia sea firma", añade el alcalde.
