El llamamiento realizado por la concejala de Participación Ciudadana, Miriam Caravaca, a la ciudadanía y el tejido asociativo de Vila-real para presentar propuestas a la primera convocatoria de presupuestos participativos de la Generalitat ya ha tenido respuesta.
Y es que, a escasos días para el cierre del plazo de presentación de solicitudes (el domingo), dos entidades han presentado sendas peticiones para que la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática incluya en los presupuestos autonómicos del 2022 la reforma del puente del paraje del Termet, que une los términos municipales de Vila-real y Almassora, así como la creación de un servicio de atención a las personas sordas y sordociegas a través de las oficinas Prop de la Generalitat valenciana.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Vila-real es la organización que elevará a la Administración autonómica la propuesta de adecuación del puente de la ermita, que salva el río Millars, tomando como propia la idea que el Ayuntamiento anunció hace cuatro años. De esta forma, los representantes vecinales reclaman al Consell que asuma la ejecución de este proyecto de remodelación del puente, al tratarse de una actuación que va más allá del ámbito local, por cuanto afecta a dos municipios. El plan no solo contemplaría la sustitución de las barandillas y la mejora del firme, sino también la creación de un carril bici y una vía peatonal, fomentando la movilidad sostenible en el entorno del Termet y mejorando la conexión entre los términos de Vila-real y Almassora, teniendo en cuenta que al otro lado del Millars se encuentra una urbanización en la que la mayoría de los masets son propiedad de vila-realenses.
Ganar seguridad
El proyecto ya lo anunció en febrero del 2017 el concejal de Territorio, Emilio Obiol, quien destacó que el principal objetivo de la iniciativa es ganar seguridad en un punto que está calificado como peligroso y que es utilizado a diario por numerosos peatones, runners y ciclistas. El anuncio fue la respuesta del consistorio a la petición formulada por el entramado vecinal y asociativo de la ciudad en las cuentas participativas del ejercicio 2017.
Con todo, y por el momento, la intervención aún no se ha ejecutado, pese a que los técnicos municipales trabajaron en la misma. Además, se trata de una obra que, en cualquier caso, tendrían que asumir tanto Vila-real como Almassora a partes iguales.
Sin espacio
En la actualidad, el puente sobre el Millars en el Termet carece de un espacio seguro para la circulación de peatones y menos aún para el tránsito de bicicletas, que deben compartir calzara con los vehículos a motor. Una situación que eleva la peligrosidad de un viaducto de 170 metros.
La concejala Caravaca se muestra «muy satisfecha» por la respuesta de las entidades. «Las iniciativas que se presentan ponen el foco en temas que son prioritarios para este equipo de gobierno y que van en la línea de los objetivos de la Agenda 2030, como son la sostenibilidad, la accesibilidad y la integración», asegura.
Los presupuestos participativos de la Generalitat disponen de 125 millones de euros para propuestas ciudadanas, que en un 70% distribuirán en áreas comarcales y el 30% en proyectos de ámbito autonómico. Para el área en la que se incluye Vila-real existe una reserva que asciende a 9,3 millones de euros.
Asociación de sordos
La Asociación de Personas Sordas de Vila-real (Apesovil) también informó a la concejala de Participación, Miriam Caravaca, de la propuesta presentada a la convocatoria auspiciada por la Generalitat para incluir proyectos ciudadanos en las cuentas del ejercicio 2022, en la que reclaman un servicio de acompañamiento para las personas sordas y sordociegas, a través de las cuatro oficinas Prop de las comarcas costeras del norte de la Comunitat (en la que se incluye Vila-real), que esté atendido por un técnico superior en la interpretación de la lengua de signos.
El objetivo no es otro que «dar cobertura y apoyo a estas personas que tan olvidadas están y permitir avanzar hacia una sociedad más inclusiva, igualitaria y justa», explican desde la asociación, a la vez que insisten en que el servicio permitiría a este colectivo acudir al médico, a los bancos o a administraciones públicas sin que pese sobre él ninguna barrera comunicativa.
