El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha mostrado públicamente su preocupación por la okupación de una casa en pleno centro de Vila-real, la ubicada en el número 20 de la calle Major Sant Jaume, por parte de un grupo de jóvenes procedentes de Barcelona, como ayer adelantó Mediterráneo.
Benlloch insiste en que este «no es un problema exclusivo de Vila-real, sino de todo el mundo»; y destaca que «estamos viviendo una etapa en la que proliferan los grupos de okupas que, incluso, acuden al Registro de la Propiedad para comprobar la titularidad de la vivienda en la que pretenden entrar», dando preferencia a las que están en manos de entidades financieras, como es la de la calle Major, propiedad de Caixa Rural Vila-real (Cajamar).
En este sentido, el primer munícipe explica que se intensificará la vigilancia, «siempre de la mano de la Policía Nacional, que es el cuerpo que tiene competencias al respecto», con la finalidad de intentar evitar que más personas accedan al inmueble que, como informó este rotativo, tiene una superficie construida de 425 m².
«Estamos trabajando de la mano de la entidad propietaria de la casa, a quien le hemos ofrecido nuestra ayuda, y nos consta que ya han presentado la correspondiente denuncia ante los juzgados», asevera Benlloch, quien recuerda que el propio Ayuntamiento tuvo que luchar contra la ocupación de alquerías afectadas por la construcción de la ronda suroeste, «hasta que, al final, la justicia nos dio la razón y los okupas fueron desalojados para, posteriormente, proceder a demoler las dos viviendas afectadas».
Advertencia
En todo caso, el alcalde Benlloch incide en que la casa ocupada en la calle Major Sant Jaume hace dos o tres semanas está protegida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), «tanto en lo referente a la fachada como a elementos interiores, por lo que de producirse daños estaríamos hablando de un posible delito contra el patrimonio».
Asimismo, no duda en lamentar que «la ley no garantiza procesos rápidos en casos de usurpación de un inmueble, con el fin de devolver el mismo a sus dueños». Y hace hincapié en que las competencias del Ayuntamiento en estas situaciones «es muy limitada», por cuanto tiene que ser la justicia quien dicte una resolución. «Cada vez son más frecuentes esta clase de problemáticas, especialmente en Cataluña, y preocupa mucho la inseguridad que tienen los propietarios de edificios», añade.
Fuentes consultadas por este periódico calculan que esa resolución del conflicto, con el desahucio de este grupo de jóvenes okupas, puede dilatarse por un año, máxime teniendo en cuenta que los trámites judiciales afrontan en breve el período estival.
