La Generalitat tiende la mano al Ayuntamiento de Vila-real para desencallar la situación, ya en ámbito judicial, según afirmó en el pleno del pasado martes el alcalde, José Benlloch, acerca de qué Administración --la local o la autonómica-- asumirá el mantenimiento de la ronda suroeste cuando esté abierta. «Nuestra voluntad es la de seguir en contacto y permanente diálogo con el consistorio para encontrar una solución», manifestaron a este periódico fuentes de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

Así, máxime cuando Benlloch también se mostró esperanzado en poder llegar a un entendimiento dentro del procedimiento iniciado, no habrá mayor inconveniente en dirimir si será el Ayuntamiento o el Consell quien corra a cargo de los 400.000 euros anuales que desde la localidad estiman que tendrá el acondicionamiento de esta circunvalación. Este es el motivo por el que el equipo de gobierno de Vila-real decidió interponer un recurso contra el gobierno autonómico ante el Tribunal Superior de Justicia por la falta de respuesta --silencio negativo--- de la Generalitat sobre esta consulta. 

El primer edil explicó que no están dispuestos a costear con fondos municipales el gasto de gestión de esta carretera, por cuanto la entienden interurbana.

Sin respuesta en plazo

El responsable municipal detalló que la petición se acabó derivando a la Subdelegación General de la Conselleria para que clarificara la situación, pero «no contestaron dentro del plazo marcado por lo que, para no perder el derecho de recurso, hemos presentado este pleito, pero confío en que dentro del proceso alcancemos un acuerdo».

Pero no solo eso, el Ayuntamiento aprovechará el paso por los tribunales para reclamar a la Generalitat el coste de las expropiaciones que abonó, más de 4,5 millones de euros, para hacerse con los terrenos sobre los que se ha creado esta infraestructura viaria, ya que considera que es la Administración autonómica la que debería haber asumido esta cantidad al ser una carretera que construye la Conselleria, con una inversión de 7,8 millones de euros. 

Con todo, este es solo un bache más en el camino para que la ciudad cuente con el reclamado vial para evitar el paso de vehículos pesados por el núcleo urbano. Desde el consistorio informaron que la obra del grueso del trazado (falta algo menos de un kilómetro por construir hasta conectar con la N-340) está parada por una modificación técnica que requiere del visto bueno de Obras Públicas. La ejecución ya fue prorrogada hace poco por las lluvias y el covid y hubo que desalojar a okupas de viviendas que debían derribarse.