El alcalde de Vila-real, José Benlloch, trasladó ayer que «la Fiscalía del Tribunal Supremo ha respetado la sentencia del caso Piaf para situarse al lado del Ayuntamiento en la defensa de los intereses de Vila-real». El munícipe realizó este anuncio a la vez que explicó que el Ayuntamiento ha decidido personarse en los recursos presentados ante el Tribunal Supremo por los tres condenados en esta causa -el exalcalde Juan José Rubert y el exconcejal Ramón Tomás, ambos del Partido Popular, y el consejero de la firma Piaf, Antonio Pons--.
Benlloch aseguró que la personación por parte del consistorio se debe a que «inicialmente, se nos comunica que la Fiscalía de Castellón también había decidido recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial, pero una vez formalizados los recursos, cuando la causa ha llegado al Supremo, la Fiscalía del alto tribunal ha decidido no recurrir». El alcalde explicó que «por la práctica habitual en estos casos, esto supone que el escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo será contrario a los recursos de los tres condenados».
El primer edil insistió en que el nuevo paso dado por el Ayuntamiento «no se debe a una voluntad de recurrir la sentencia sino a que, como hemos hecho desde el primer momento, nuestra prioridad es defender el interés de todos los vecinos y vecinas de Vila-real y no tener que pagar ni un euro de los vila-realenses que no corresponda pagar». Por eso, añadió el máximo responsable municipal, «tras conocer que los tres condenados han presentado recurso ante el Tribunal Supremo, queremos tener la posibilidad de responder y de explicar ante el alto tribunal nuestros argumentos frente a los de que aquellos que solo responden a su interés personal».
«Después de diez años de lucha, de nuevo tenemos que seguir batallando en solitario para defender el dinero y los intereses de todos los vila-realenses»
«Después de diez años de lucha, y a pesar de tener una sentencia de la Audiencia Provincial que avala que existió en nuestra ciudad una trama, una connivencia organizada entre una empresa, condenada por financiación ilegal del Partido Popular, y el gobierno municipal, de nuevo tenemos que seguir batallando en solitario para defender el dinero y los intereses de todos los vila-realenses», lamentó el munícipe.
Con todo, el alcalde consideró una «muy buena noticia que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya respetado la sentencia y se sitúe al lado del Ayuntamiento en la defensa de los intereses de la ciudad, porque es evidente que la sentencia de la Audiencia Provincial acredita el modelo del PP de Vila-real de irregularidades permanentes y urbanismo a coste cero que nos sitúa en riesgo de ruina».
Procedimiento
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón dictó el pasado marzo la sentencia por el caso Piaf, que condena a ocho años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público a Rubert, por un delito continuado de prevaricación administrativa. Tomás fue condenado a siete años de inhabilitación por el mismo delito. Para Pons Dols, la sentencia judicial establece otros ocho años y seis meses por cooperación necesaria.
