El pleno del Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado una modificación del presupuesto. financiada con cargo a una operación de crédito, para hacer frente a dos de las últimas sentencias que han llegado al consistorio, todavía fruto de la gestión del último gobierno del Partido Popular en la ciudad, y que obligan a abonar 1.391.636 euros. Las resoluciones del Tribunal Supremo corresponden a la cesión de solares para la apertura de la avenida Portugal así como para la urbanización del jardín de Jaume I, en los años 2009 y 2010, respectivamente, y no estaban previstas en el presupuesto del 2021.
Al respecto, el alcalde, José Benlloch, ha explicado que “por un error, las sentencias no constaban como firmes y el tribunal nos da un plazo límite para pagar bajo pena de que el responsable municipal, en este caso yo como alcalde, tenga que hacer frente a una multa de 200 euros diarios, algo que da cuenta de la complejidad de la herencia urbanística que tenemos que gestionar día a día”.
Benlloch ha recordado que, “entre el préstamo que pidió el PP y los empastres urbanísticos, hemos pagado más de 50 millones de euros en 10 años; estamos pagando la ciudad del año 2000, que otros no pagaron”. Al respecto, el munícipe ha lamentado que “si no podemos hacer más es porque el 70% del esfuerzo económico y de gestión del Ayuntamiento se va a hacer frente a esta herencia envenenada”.
El primer edil vila-realense ha señalado que es necesario recurrir a una operación de préstamo puesto que “no tenemos dinero para hacer frente a estos nuevos empastres urbanísticos; de otra manera tendríamos que quitarlos de partidas necesarias, como las ayudas al comercio y autónomos, el mantenimiento de los servicios públicos y otras cuestiones de la gestión diaria de la ciudad”.
Plan general de 1993
Unas afirmaciones que han contado con la contestación del portavoz del PP, Héctor Folgado, quien ha asegurado que "no se está pagando la ciudad del 2020 sino el diseño del Plan General de Ordenación Urbana que aprobó el PSOE en 1993". Y es que los populares continúan manteniendo que el planeamiento general en cuestión y que los socialistas solo gestionaron unos meses --por cuanto el PP entró a gobernar la ciudad en 1995, con Manuel Vilanova a la cabeza--, es el responsable de la sangría de demandas judiciales derivadas mayoritariamente de la ocupación de terrenos en el último ejecutivo conservador liderado por Juan José Rubert.
En este sentido, el socialista Benlloch replicó a Folgado que el PP "hizo lo que le dio la gana con el PGOU de 1993", y recordó que en él no estaban previstas acciones como la conversión en parque público del jardín de las dominicas, la compra del Molí la Vila o el "pelotazo" de los rascacielos que los populares querían promover en el solar de la antigua nave de Fritta. Y a ello añadió que municipios del entorno, con planes urbanísticos aprobados hace 15 ó 20 años "no han tenido los mismos problemas que Vila-real, por lo que queda claro que el origen de ellos es la gestión realizada por el PP de Vila-real".
Las sentencias
Una de las sentencias corresponde a la cesión de solares para la apertura de la avenida Portugal, en el 2009. Los propietarios solicitaban 2.615.812 euros mientras que el Tribunal Supremo ha rebajado la valoración y ha dictado que el Ayuntamiento debe pagar por este terreno 1.071.191 euros. El consistorio ya abonó en su día una parte, pero ahora aún tendrá que desembolsar 991.114 euros. En cuanto al segundo fallo judicial, este se refiere a un solar del jardín de Jaume I, cedido en el 2010. Los propietarios exigían al consistorio el pago de 924.297 euros, pero el Tribunal Supremo ha rebajado esta cantidad hasta los 790.712 euros. Descontando la parte ya saldada por el Ayuntamiento, ahora la cantidad a pagar asciende a 395.521 euros. En total, los pagos como consecuencia de las dos sentencias suman 1.386.635 euros.
En la sesión plenaria, en la que han excusado ausencia la concejala de Vox, Irene Herrero, y el edil de Ciudadanos Domingo Vicent, se ha aprobado por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento de Vila-real a la Red de Gobernanza Participativa de la Comunitat Valenciana. La concejala de Participación Ciudadana, Miriam Caravaca, ha recordado que Vila-real ha sido uno de los nueve municipios de la Comunitat que ha participado activamente en la elaboración de los estatutos de esta red porque “somos referentes de participación y asociacionismo, con más de 124 asociaciones que trabajan por una sociedad más solidaria, justa y participativa”.
Todos menos Vox
Asimismo, la corporación ha aprobado por unanimidad de los presentes (PSPV, PP, Compromís, Ciudadanos y Unides Podem) --cabe recordar que la edila de Vox, formación que no se sumó a la propuesta conjunta del resto de partidos--, una moción de condena a las agresiones machistas, lgtbifóbicas, racistas y de odio.
Finalmente, se ha dado luz verde por unanimidad a la designación del concejal Emilio Obiol como representante del Ayuntamiento en la Agencia Valenciana del Protección del Territorio. El alcalde ha recordado que en el momento en que se formalice la adhesión a la agencia, las competencias en materia de legalidad urbanística en infracciones graves o muy graves en suelo no urbanizable será competencia autonómica, por lo que ha lanzado un mensaje para pedir a la ciudadanía responsabilidad.
Y por unanimidad han salido también adelante dos mociones de Compromís, para que Sanitat refuerce la atención en salud mental y en defensa de los trabajadores públicos con abuso de temporalidad; y una de Ciudadanos para que el consistorio adapte sus edificios y espacios públicos para personas con trastornos del espectro autista.
