Electrodomésticos, muebles, restos de obra o trozos de árboles son solo algunos de los enseres que pueden encontrarse en calles, aunque principalmente en caminos, de Vila-real. Una problemática que va a más, incluso en zonas del núcleo urbano, y que genera malestar entre la ciudadanía, que no ha dudado en hacer uso de las redes sociales para expresar su disconformidad y también reprobar a las autoridades competentes por permitir que estos restos ocupen parte de la calzada de algunas vías rurales durante semanas.

La Policía Local, según indica la edila responsable de Seguridad Ciudadana, Silvia Gómez, lleva a cabo labores de control y vigilancia para intentar atajar esta práctica, aunque recientemente no se ha producido ninguna denuncia por coger in fraganti a algún vecino incívico. La ordenanza de convivencia ciudadana de Vila-real, de hecho, recoge en su artículo 15 (suciedad, daños y alteraciones) la prohibición de «tirar y abandonar en la vía pública toda clase de productos y objetos de cualquier índole que puedan deteriorar el aspecto de la limpieza de la población».

En caso de sorprender a alguien llevando a cabo este tipo de comportamientos, más allá de la multa (de 60 a 120 euros en general, pero entre 200 y 400 si el abandono o lanzamiento se produce en parques o jardines, según establece la normativa), estaría obligado «a la limpieza y/o reparación de todos los daños causados».

Paneles

Pero los problemas por la aparición de basura y todo tipo de restos en diferentes puntos del término no es nueva. Para intentar reducir esas prácticas, en lo concerniente a deshechos domésticos, hace un par de años colocaron paneles de gran tamaño en varios puntos verdes, en los que hay contenedores de recogida selectiva, ya que, como indicaron fuentes municipales, «suelen ser, especialmente en la periferia, los favoritos para quienes quieren abandonar allí sus enseres», comentaron. También, aunque más reducidos, instalaron carteles en puntos negros que suelen darse en áreas urbanas perimetrales como la avenida Europa, el camí Vell d’Onda a Castelló o en el entorno del Pont de la Gallega.

Y como informó Mediterráneo hace solo unas semanas, también estaban proliferando los vertidos de obras en caminos y huertos cercanos al casco urbano. 

Cada vez que el consistorio debe acometer la retirada de estos restos de la vía pública, como señaló el edil del área, Francisco Valverde, «el coste que se genera es de 4.000 ó 5.000 euros, porque hay que contratar una retroexcavadora y un camión para estas tareas durante varios días», concretó.