El Ayuntamiento de Vila-real está inmerso en el proceso de licitación, con carácter de urgencia atendiendo a diversos estudios y expedientes, del servicio de representación, asesoría y defensa letrada del consistorio. Del total de procedimientos a los que se pretende dar cobertura, 186 en diferentes materias como personal, tributos, responsabilidad patrimonial o procedimientos sancionadores desde 2017 hasta el año pasado, el grueso (95) es por cuestiones urbanísticas. De hecho, según los documentos del proceso de adjudicación, «en los últimos años, los expedientes contenciosos-administrativos se han incrementado significativamente», principalmente en este campo.
Aunque el valor estimado del contrato asciende a más de 730.000 euros porque se valora la posibilidad de prorrogar el contrato hasta un máximo de cuatro años, el consistorio prevé para esta finalidad un importe anual, con impuestos incluidos, de 184.672,77 euros. A criterio de los técnicos municipales, el objeto de contrato se divide en cuatro lotes diferenciados: urbanismo y ordenación del territorio (95 pleitos en los últimos cuatro años por valor de 84.897,76 euros); otras materias del ámbito contencioso-administrativo, civil, mercantil y concursal (59 pleitos desde el 2017 por 52.720,38 €); recursos humanos y gestión del personal (32 pleitos en los cuatro ejercicios anteriores por 28.587,35 euros), y servicio de representación con procurador con un presupuesto base de licitación de 18.467,27 euros. Con todo, se excluyen del contrato algunos asuntos de especial transcendencia municipal.
Los licitadores podrán presentar proposición a uno o a varios lotes, pero únicamente podrán ser adjudicatarios de uno a no ser que su opción sea la única admisible en alguno de los apartados para evitar que la adjudicación pueda quedar desierta.
Huir de contratos menores
Como consta en el expediente de licitación, hasta la fecha los servicios jurídicos de la corporación estaban ya externalizados de forma puntual con contrataciones menores. Un informe municipal apuntaba que otros municipios cercanos como Benicàssim, Orpesa, Burriana o Vinaròs funcionaban con servicios licitados por lo que «no es posible legalmente acudir al procedimiento negociado sin publicidad, con carácter general, para contratar esta prestación». Incluso se apuntaba a que es tal el volumen de casos como para «la gestión propia del servicio a través de un puesto de naturaleza funcionarial» aunque el consistorio carece de los medios para satisfacer esta posibilidad.
El plazo para presentar ofertas se cerró el pasado día 10 de septiembre por lo que el proceso para la adjudicación se encuentra, según consta en la plataforma de contratación del Estado, en fase de evaluación. Los años de experiencia o las sentencias favorables serán aspectos que se valorarán para decidir adjudicatario.
