El alcalde de Vila-real, José Benlloch, avanzó a Mediterráneo la posibilidad de que antes de final de año se apruebe una subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) que se aplicaría en el ejercicio 2022. Un aumento, según Benlloch, que respondería «al menos, al porcentaje del IPC».
El munícipe aseguró que el equipo de gobierno tiene «tremendos problemas para mantener la ciudad empastrada que se nos dejó». Benlloch apuntó que a esta situación económica adversa que arrastra el consistorio, con un endeudamiento que alcanzará el 68,52% una vez se formalice la última operación de crédito, se suman en los últimos meses los cerca de cuatro millones de euros en ayudas directas u otras medidas de alivio de la crisis derivada del covid y otras situaciones todavía más recientes. Uno, el aumento de la factura de la luz, que «hará que suban todos los productos», por lo que la escalada del IPC (Índice de precios del consumo) «se espera que sea importante y esa situación para un Ayuntamiento, que es un comprador constante de proveedores para Deportes, Cultura, Servicios Públicos, … también le va a repercutir de forma gravísima», valoró el primer edil.
También aumentará, una vez se formalice la adjudicación, el coste del servicio de recogida, transporte de residuos, gestión de ecoparque y limpieza urbana. El consistorio, según explicó el primer edil, deberá abonar entre 300.000 y 400.000 euros más al año por estas tareas (hay dos empresas interesadas en la licitación que habrían ofrecido una rebaja del 10% de lo estipulado por el consistorio). «El contrato responde al cumplimiento de la normativa europea y al hecho de que hay muchos más espacios que limpiar que hace 5 o 10 años: más mercados y superficies como la Ciutat Esportiva Municipal», indicó.
Equilibrar las cuentas
Así, el mandatario local justificó la regularización del IBI como fórmula para «reequilibrar una situación económica que es muy difícil para el Ayuntamiento». De no hacerlo, «tenemos el peligro de quebrar, cerrar instalaciones deportivas, despedir funcionarios o suprimir el autobús gratuito». Llegado ese punto, «nos convertiríamos en un pueblo menor de 50.000 habitantes con menos recursos y oportunidades para la gente y eso no es lo que represento», sentenció. En esta linea, Benlloch afirmó no estar dispuesto a «renunciar a nuestro modelo de ciudad que es competitivo con su entorno y atractivo».
Valoran iniciar un estudio sobre los valores catastrales
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, también avanzó la intención de iniciar, a partir de diciembre, un estudio sobre la ponencia de valores catastrales y comprobar «qué realidad nos sale». «Si resultan los mismos datos de hace unos años, de injusticia, desigualdades y de dificultades de recaudación para la ciudad no la solicitaríamos», aseguró el munícipe. Por contra, «si de los datos que obtenemos resulta interesante pedirla para proteger un poco más a nuestros vecinos y que paguen de forma más justa sus impuestos a nivel estatal porque a nosotros no nos afecta en nada en ese sentido», aseguró el alcalde. Benlloch recordó que un análisis técnico municipal concluyó --en 2018--, rechazar una nueva ponencia de valores catastrales. «De aplicarla, hubiéramos ingresado seis millones menos por los valores de mercado de aquel entonces, un momento de liquidación de activos. Era algo ficticio y quien pagaba el pato era la gente humilde», insistió el primer edil.
