El departamento de Servicios Sociales de Vila-real duplicará su plantilla a lo largo de lo que resta del 2021 y durante el 2022. Y lo hará tras la aprobación ayer por el pleno del acuerdo con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para suscribir el contrato-programa que permitirá contratar a 30 profesionales que, como apuntó a Mediterráneo la concejala del área, Silvia Gómez, se sumarán a la plantilla actual que está integrada por 23 personas.
Un refuerzo con el que se pretende desatascar los expedientes que se tramitan en este departamento municipal, de manera especial los de dependencia, y que deberá nutrirse de bolsas laborales, algunas de las cuales --trabajadores sociales, educadores , agentes de igualdad o auxiliares administrativos-- ya están creadas, aunque otras deberán pasar todavía por un largo proceso burocrático, al no disponer de ellas. Es por ello que la edila Gómez avanza que parte de los puestos podrán cubrirse antes de acabar el año, aunque otros, como los de asesores jurídicos, tendrán que esperar a culminar el proceso de constitución de las bolsas, lo que se prolongará durante el próximo ejercicio.
Las cifras
Y para llevar a cabo esta ampliación de la plantilla, la Conselleria que lidera Mónica Oltra aportará 1,7 millones de euros, que el consistorio complementará con otros 223.000 euros. En total, casi dos millones de euros que servirán para contratar trabajadores sociales, psicólogos, técnicos de integración social, asesores jurídicos o administrativos, así como para financiar diferentes programas que impulsa el departamento.
La luz verde a suscribir este programa-contrato con la Generalitat para garantizar la viabilidad de los Servicios Sociales no pudo aprobarse por consenso, por cuando la edila de Vox, Irene Herrero, votó en contra. El resto de grupos políticos --PSPV, PP, Compromís y Ciudadanos (el concejal de Unides Podem excusó su asistencia al pleno)-- aplaudieron la propuesta y le dieron su visto bueno.
El alcalde, José Benlloch, calificó de «iniciativa histórica» esta apuesta de la Generalitat, que se traducirá en la llegada de 1,7 millones procedentes de la Administración autonómica, «para reforzar un departamento Servicios Sociales que es de competencia municipal». Precisamente, Benlloch respondió así a la edila de la formación ultraderechista, quien defendió su voto en contra aduciendo que el Ayuntamiento no debía asumir un gasto de una competencia de la Generalitat. Competencia que Benlloch reiteró que es exclusivamente del consistorio, como establece en la legislación.
La concejala Silvia Gómez incidió en el hecho de que, «por primera vez, se considera a los Servicios Sociales como esenciales».
