El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha estimado el recurso interpuesto por Autocares Meseguer, SL a la adjudicación provisional del nuevo contrato del autobús urbano gratuito de Vila-real, conocido popularmente como el Groguet, que el consistorio dio inicialmente a la Hispano del Cid SA (Hicid).
La estimación de esta reclamación supone, en la práctica, la anulación de todo el proceso de valoración realizado por los técnicos municipales de las propuestas que se presentaron al concurso convocado a tal fin. Una situación que, a su vez, obligará al Ayuntamiento a volver a iniciar el proceso de licitación de este contrato millonario. Y es que el pliego de condiciones --será el mismo, por cuanto el mismo tribunal administrativo falló a favor del consistorio cuando la misma mercantil alegó contra las bases del concurso-- recoge que la firma que resulte adjudicataria prestará el servicio del bus urbano de Vila-real por un periodo de 10 años y por una suma máxima total de 5,2 millones.
En declaraciones a Mediterráneo, el concejal de Territorio, Emilio Obiol, señala que, a falta de los informes de Secretaría, «lo más probable es que el nuevo bus Groguet tenga que sacarse de nuevo a concurso, pero con el mismo pliego, lo que evitará tener que volver a empezar desde cero». Con todo, advierte que la nueva demora en la adjudicación «será cuestión de meses», teniendo en cuenta que la primera licitación se publicó en noviembre del pasado 2020. Algo más de un año después, sigue sin adjudicarse definitivamente.
Transporte garantizado
Aun así, Obiol asegura que estos obstáculos que han surgido con este proceso, y que ahora obligan a retomarlo casi desde el principio, «no afecta para nada a este medio de transporte, que se continuará prestando». Y añade: «Esta fue una apuesta decidida de este equipo de gobierno, porque creemos en la utilidad de un servicio de autobús que es gratuito y supone una apuesta por la sostenibilidad y que, además, beneficia fundamentalmente a la gente mayor, al facilitar que puedan ir a diferentes lugares, así como a los adolescentes sin carnet de conducir».
Obiol añade que no se prevé recurrir ante la justicia la decisión del Tribunal Administrativo.
